Obra Social

Obras Sociales: uuna Guía de Buenas Prácticas para la intervención

El Gobierno aprobó una Guía de Buenas Prácticas para Interventores del Agente del Seguro de Salud.

Lo hizo a través del Decreto 1045/2024 que se publicó hoy en el Boletín Oficial.

Esto constituirá una herramienta normativa que servirá como referencia obligatoria para quienes se designen en estas funciones.

Garantizando así la uniformidad de criterios cuando se intervenga una obra social.

La Ley 23.660, junto a sus modificaciones, regula el régimen de las obras sociales y otras entidades que actúan como Agentes del Seguro de Salud.

Estableciendo una serie de obligaciones para garantizar la correcta administración de los recursos destinados al sistema de salud.

En este marco, la Superintendencia de Servicios de Salud, supervisa que estas entidades cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias.

Las violaciones a estas normativas pueden dar lugar a sanciones, incluyendo la intervención por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

La intervención de las obras sociales tiene como principal objetivo asegurar la correcta administración de los fondos.

Y también la adecuada prestación de los servicios de salud a los beneficiarios.

Este proceso busca normalizar la situación institucional de las entidades intervenidas.

Y además garantizar que los recursos sean gestionados de manera eficiente y responsable.

En este contexto, es crucial contar con criterios claros y homogéneos para los interventores.

Lo que permite promover la transparencia y la eficiencia en la gestión.

Con la experiencia acumulada de diversas intervenciones, se identificó la necesidad de establecer estándares mínimos de actuación.

Que eviten así posibles conflictos de intereses, malas prácticas o desviaciones en el uso de los recursos.

En respuesta a esta necesidad, se diseñó una Guía de Buenas Prácticas para Interventores del Agente del Seguro de Salud.

Este documento tiene como finalidad proporcionar pautas claras y recomendadas para la gestión de las obras sociales intervenidas.

Promoviendo así una administración orientada al cumplimiento de los objetivos del sistema de salud.

La guía de buenas prácticas establece pautas sobre diversos aspectos de la gestión, tales como la auditoría integral de la entidad intervenida.

También la rendición de cuentas y el manejo adecuado de recursos humanos y materiales.

Uno de los primeros pasos que deberán seguir los interventores es realizar, dentro de los primeros 30 días de su designación, una auditoría integral que abarque la fiscalización y control de los actos de los órganos y funcionarios vinculados al cumplimiento de las normas que reglamentan el Sistema del Seguro de Salud.

Esta auditoría deberá incluir un análisis exhaustivo del estado financiero y contable de la organización.

Revisando aspectos como las registraciones contables, las cuentas bancarias, los pasivos y los ingresos operativos, entre otros.

Además, los interventores deberán verificar el grado de cumplimiento de las prestaciones de la obra social a sus afiliados.

Asegurándose de que los beneficiarios tengan acceso a los servicios.

Y que se cumplan los requisitos que establece la Superintendencia de Servicios de Salud.

En caso de ser necesario, los interventores también estarán facultados para analizar los contratos con prestadores de servicios.

Evaluando si es necesario rescindirlos sin que ello implique la interrupción de los servicios en las zonas donde estos prestadores actúan.

Otro aspecto clave de la guía es el manejo de los pagos y gastos.

Se priorizarán aquellos gastos relacionados con la prestación de servicios de salud.

Evitando demoras que puedan afectar la continuidad de los tratamientos o el inicio de nuevos.

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