La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) ha imputado a siete empresas de medicina prepaga, su asociación (Unión Argentina de Salud – UAS) y a Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical y ex presidente de la UAS, por presuntas prácticas concertadas que habrían llevado a aumentos coordinados de las cuotas entre diciembre de 2023 y abril de 2024.

La imputación a las principales empresas de medicina prepaga en Argentina marca un hito importante en la aplicación de la ley de defensa de la competencia.

El caso pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante del mercado para prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas que limitan el acceso a servicios esenciales como la salud.

El resultado de la investigación tendrá un impacto profundo en la regulación del sector y en la protección de los derechos de los consumidores argentinos.

El proceso legal que se avecina será crucial para determinar si efectivamente existió una cartelización y, en caso afirmativo, para aplicar las sanciones correspondientes y restablecer la competencia en el mercado.

Un detalle no menor que se da justo en el medio de especulaciones sobre el nombramiento de nuevos jueces en los diferentes estamentos de la Justicia: la transparencia y la agilidad en el proceso judicial serán vitales para que la investigación sea justa y eficaz.

Este acontecimiento, con implicaciones significativas para el mercado de la salud y los consumidores argentinos, merece un análisis profundo.

Los imputados y la acusación

Las empresas involucradas representan una porción significativa del mercado de medicina prepaga en Argentina: Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, y OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios.

La imputación se centra en la presunta concertación para fijar los precios de las cuotas, una práctica explícitamente prohibida por el artículo 2° inciso a) de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).

La acusación se basa en indicios de un acuerdo colusivo entre las empresas, facilitado posiblemente por la UAS y su entonces presidente, Belocopitt. El supuesto acuerdo se manifiesta a través del aumento coordinado de las cuotas en un período de tiempo relativamente corto.

La investigación y las medidas previas

La investigación se inició a mediados de enero de 2024 a raíz de una denuncia por cartelización. En abril de 2024, ante la evidencia preliminar, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, en conjunto con la CNDC, implementó una medida de tutela anticipada.

Esta medida obligó a las empresas a retrotraer los precios a los niveles de diciembre de 2023 y a cesar cualquier intercambio de información referente a precios, servicios, costos, o cualquier otro dato comercial, tanto dentro de las reuniones de la UAS como en cualquier otro contexto.

Esta acción preventiva demuestra la gravedad con que se considera la presunta infracción y la urgencia en proteger a los consumidores de posibles prácticas anticompetitivas.

El proceso legal y las posibles sanciones

Tras la imputación, las empresas y personas involucradas tienen 20 días hábiles para presentar sus descargos y pruebas que refuten la acusación. Posteriormente, la CNDC tendrá un plazo de hasta 90 días hábiles (prorrogables por otros 90 días) para la producción de pruebas. Finalmente, se dará un plazo de 6 días hábiles para presentar alegatos.

La CNDC podría archivar el caso si la evidencia presentada desvirtúa la imputación. De lo contrario, se aplicarían las sanciones estipuladas en la LDC, las cuales podrían incluir multas de hasta el 30% del volumen de negocios de las empresas implicadas o el doble del beneficio ilícito obtenido. Estas sanciones reflejan la determinación del gobierno en combatir las prácticas anticompetitivas que afectan el bienestar de los consumidores.

Implicancias para el mercado y los consumidores:

Si se comprueba la cartelización, las consecuencias para el mercado de la medicina prepaga serían significativas. Un cártel de este tipo distorsiona la competencia, limitando las opciones de los consumidores y elevando artificialmente los precios.

Esto afecta directamente el acceso a la salud, especialmente para aquellos con recursos limitados. Además, la falta de competencia puede desalentar la innovación y la mejora de los servicios ofrecidos por las empresas.

El rol de la UAS y la figura de Belocopitt

La imputación a la UAS y Belocopitt resalta la importancia de las asociaciones empresariales en la facilitación de prácticas colusivas. Si bien las asociaciones pueden promover la cooperación y el intercambio de información legítima, su estructura puede ser utilizada para coordinar acciones anticompetitivas.

La investigación deberá determinar si la UAS, a través de sus reuniones o comunicaciones, contribuyó a la concertación de precios. La imputación a Belocopitt como ex presidente de la UAS refuerza la atención sobre las responsabilidades individuales en este tipo de infracciones.

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La reciente publicación de las cifras de inflación de septiembre por parte del INDEC, que revelaron un aumento del 2,71% en medicamentos y un 5,61% en prepagas, ha desatado una guerra dialéctica entre la UAS y CILFA.

Mientras que CILFA celebró que «los medicamentos volvieron a liderar la baja de la inflación en septiembre», la UAS argumentó que este menor aumento se debe a incrementos previos más significativos.

La UAS lanza una ofensiva

La UAS publicó un contundente documento titulado «Farmacoeconomía y política en medicamentos», donde cuestiona las prácticas de la industria farmacéutica.

El documento cita un estudio del Centro de Estudios para la Salud Argentina (CESA) que compara los precios de 13 medicamentos comunes en Argentina y España.

La UAS destaca ejemplos como la metformina, que cuesta $ 34.517 en Argentina y € 2,90 (aproximadamente $ 4.350) en España, y el diclofenac 75, con un precio de $ 20.455 en Argentina y € 2,50 (cerca de $ 3.750) en España.

La UAS argumenta que, a pesar de que Argentina tiene una industria farmacéutica robusta con 190 plantas (160 de capitales nacionales), «sus estrategias corporativas y de relativa competencia, determinan que a pesar de la oferta de cantidad, esto no se traduce en menores precios».

Además, critica la «sobreoferta comercial desde la industria, muchas veces con escasa evidencia científica», y señala que el gasto en medicamentos en el sistema de salud privado representa casi el 40% de los recursos, comparado con el 20% de hace una década.

La UAS concluye que «evidentemente se deberá tomar medidas desde las políticas públicas para revertir esta situación».

El Debate sobre la Importación de Medicamentos

El documento de la UAS también aborda la propuesta del gobierno de importar medicamentos de la India, una iniciativa que CILFA ha criticado públicamente.

La UAS reconoce las preocupaciones sobre la seguridad sanitaria, pero señala que la India «abastece más del 50% de la demanda mundial de diversas vacunas, el 40% de la demanda de genéricos de Estados Unidos y el 25% de todos los medicamentos del Reino Unido».

La Respuesta de CILFA

CILFA respondió al documento de la UAS, argumentando que las comparaciones de precios deben hacerse «con cuidado».

Señalan que España tiene un sistema centralizado de medicamentos financiado por el Estado, lo que resulta en precios más bajos.

En Argentina, «como en cualquier país donde hay un mercado liberado de medicamentos, como ser Estados Unidos, la variación de precios es mayor».

Respecto a la importación desde la India, CILFA enfatiza la importancia del control de calidad por parte de la ANMAT, y afirma que «la obligatoriedad de control centralizado de ANMAT no se limita a la ‘aprobación de la droga’, sino al monitoreo constante de la calidad efectiva del lote que se importa».

Finalmente, CILFA argumenta que «la propia existencia de amplitud de oferta confirma la existencia de la competencia» y que las causas del aumento del gasto en medicamentos «obedece a otras causas distintas de las aludidas».

El Gobierno en el Medio

Este cruce se produce en un contexto de tensión entre el gobierno y los laboratorios por la propuesta de importación de medicamentos.

Además, las prepagas se encuentran a la defensiva tras los aumentos autorizados y las críticas del gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que solo intervendrán si se detecta «cartelización».

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La medicina prepaga en Argentina hace años que enfrenta una crisis terminal -estragos del lobby y la corrupción gubernamental- que ahora se manifiesta en la proliferación de copagos ilegales.

Según informes recientes, este tipo de cobros, que no están autorizados por las obras sociales o prepagas, se han convertido en una práctica común y hasta el momento parece no haber nadie que quiera ponerle el cascabel al gato.

En este contexto, la prepaga más grande del país, OSDE, anunció que dejaría de contar con el Hospital Italiano en su red de prestadores debido -por ahora sólo para el Plan 210, el que tiene más aportantes-, entre otros motivos, al «cobro de adicionales no autorizados» a sus afiliados.

Este hecho ha puesto de manifiesto un problema que muchos pacientes han experimentado: la presión de pagar honorarios adicionales por servicios que deberían estar cubiertos por la cuota que le abonan a la obra social.

La Realidad de los Pacientes

Los copagos ilegales han sido descritos como «como las brujas: difícil probar que existan, pero que los hay, los hay».

En un sistema de salud empobrecido, muchos pacientes se ven obligados a aceptar o rechazar estos pagos extra.

Las quejas son comunes en redes sociales, donde los afiliados comparten sus lamentos, la bronca y sus experiencias negativas.

Un caso particular es el de una paciente que, al prepararse para una cirugía en el Hospital Austral, se encontró con que el médico cobraba una diferencia en dólares, alegando que la prepaga le pagaba poco.

El Hospital Austral, sin embargo, ha intentado diferenciar su práctica al afirmar que algunos médicos están autorizados a cobrar honorarios diferenciales, lo que ha generado confusión entre los pacientes sobre si estos cobros son legítimos o no.

La institución asegura que todos los servicios están cubiertos por las obras sociales y que el pago adicional es opcional.

La Respuesta del Sector

La Unión Argentina de Salud (UAS) ha declarado que «para ser copagos deben ser legales» y que cualquier cobro adicional fuera de lo pactado en el convenio vulnera el contrato.

Esto se enmarca dentro de un aumento general en los honorarios médicos, que incluso ha superado los incrementos de las cuotas.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ha instado a los afiliados a presentar reclamaciones en caso de enfrentar estas exigencias ilegales.

Nuevas Regulaciones y Aumentos

En un intento de regular esta situación, las empresas de medicina prepaga están analizando cómo aplicar aumentos diferenciales en las cuotas, basándose en la región o el tipo de plan.

Esto se da en un contexto de desregulación que ha permitido a las empresas fijar aumentos sin consenso previo.

La normativa reciente exige que las empresas informen sobre estos aumentos y justifiquen los criterios utilizados, lo que podría contribuir a una mayor transparencia en el sector.

La situación de los copagos ilegales en el sistema de salud argentino es un reflejo de la crisis que enfrenta el sector.

Con miles de afiliados afectados y un sistema que parece permitir estas prácticas, es crucial que se tomen medidas efectivas para proteger a los pacientes y garantizar que reciban la atención médica que merecen sin cargas adicionales e inesperadas.

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El empresario Claudio Belocopitt, conocido por su participación en Swiss Medical y su anterior rol como presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), ha sido señalado por fuentes del sector y por algunos medios de comunicación como el potencial comprador del 100% de Diagnóstico Maipú.

Este centro médico, con ocho sedes de diagnóstico por imágenes y 15 laboratorios de análisis clínicos, ha sido objeto de rumores de compra, aunque Belocopitt ha negado estas informaciones de manera tajante. Desde el gobierno están atentos a la situación de concentración del sistema de Salud privado.

Diagnóstico Maipú y su historia

Fundado en 1987 por un grupo de médicos liderados por Jorge Carrascosa, Diagnóstico Maipú pasó a manos del Grupo Dasa en 2019. Este holding brasileño emplea a más de 50,000 personas y maneja más de 60 marcas de laboratorios, hospitales y centros de salud en Brasil, Argentina y Colombia. En su país de origen, Dasa procesa más de 250 millones de exámenes anuales y genera más de 1,000 millones de dólares en ingresos.

El interés de Belocopitt

A pesar de las negaciones, fuentes cercanas a Diagnóstico Maipú aseguran que Belocopitt ha visitado las oficinas de la empresa en varias ocasiones en las últimas semanas. «Está en proceso de compra, con lo que aumentaría su posición dominante en el mercado, principalmente en Zona Norte», afirmó un conocedor de los movimientos del mercado.

El crecimiento de Swiss Medical

Swiss Medical ha experimentado un notable crecimiento bajo la dirección de Belocopitt. Recientemente, la empresa adquirió el 100% del Sanatorio Las Lomas de San Isidro. Esta adquisición se suma a otras propiedades de Swiss Medical, que incluyen el 50% del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), los sanatorios Agote y Los Arcos, y las clínicas Zabala y Olivos, entre otros.

Impacto en el mercado

La posible compra de Diagnóstico Maipú por parte de Belocopitt podría consolidar aún más su dominio en el sector salud, especialmente en la Zona Norte de Buenos Aires. Diagnóstico Maipú tiene sedes en San Fernando, Pilar, San Isidro y Vicente López, además de Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza en la Ciudad de Buenos Aires.

Inversiones y expansión

En Nordelta, Swiss Medical está construyendo una nueva sede con una inversión estimada en 80 millones de dólares. Mientras tanto, los servicios de Las Lomas de San Isidro continuarán operando hasta que esté listo el nuevo centro. «Belocopitt se convirtió en el propietario de las camas del segmento ABC1», analizó una fuente de la industria.

La compra de Las Lomas de San Isidro

La adquisición del Sanatorio Las Lomas comenzó en 2022, con un desembolso inicial de 23 millones de dólares. Primero, Belocopitt compró la participación de la familia Pavlosky, aumentando su participación del 30% al 50%. Finalmente, a principios de junio, adquirió el 50% restante de la familia De All, consolidando su propiedad total del sanatorio.

El rol de Belocopitt en la industria

Belocopitt inició su incursión en la industria de la salud con la compra de la Clínica Suizo a finales de los años 90. En 2021, expandió Swiss Medical Group, que incluye una empresa de seguros, y actualmente es la segunda empresa de medicina prepaga más grande de Argentina, con un 14.8% de participación y más de 1 millón de socios.

Desafíos y regulación

La posible adquisición de Diagnóstico Maipú ha sido objeto de escrutinio por parte de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo de la Secretaría de Comercio, que está evaluando si esta operación podría resultar en una posición dominante en el mercado. «Existe un caso de concentración, que está siendo analizado», indicaron desde la CNDC.

La consolidación de Belocopitt en el sector salud no solo refuerza su presencia en el mercado, sino que también plantea desafíos regulatorios y competitivos.

La expansión de Swiss Medical y las adquisiciones estratégicas como la de Diagnóstico Maipú reflejan una tendencia hacia la concentración en la industria de la salud argentina y, más allá de la capacidad de hacer negocios del influyente empresario y su círculo político y económico, muchos se plantean si es en beneficio del sistema de salud privado y público de la Argentina.

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El pasado 28 de mayo, el gremio de la sanidad y casi la totalidad de las cámaras acordaron un aumento de sueldo.

Para los meses de mayo, junio y julio que ya homologó la Secretaría de Trabajo.

Las cámaras que acordaron agrupan a los principales actores que integran el sistema privado de salud.

Como clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico, odontólogos, especialistas en salud mental.

Sin embargo, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) se abstuvo de firmar el acuerdo.

El mismo estableció una recomposición de los salarios del 10%, 9% y otro 9% para mayo, junio y julio, respectivamente.

Este acuerdo del orden del 28,8% se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando.

Pero entendiendo -por sobre todas las cosas- las necesidades innegables que enfrentan los trabajadores de la salud.

Con dificultades por la licuación de sus salarios, los aumentos de precios de la canasta básica y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.

“Como se vino advirtiendo desde la UAS, el conjunto del sistema (prestadores y financiadores) está atravesando, desde hace décadas, un dramático desfinanciamiento”, advirtió la entidad.

“Como consecuencia de las medidas y regulaciones que los sucesivos gobiernos tomaron y que, lejos de mejorarlo, lo fue sumergiendo en una crisis sin precedentes que lo acerca día a día a un escenario de no sustentabilidad”.

Así remarco que “el sector prestacional, particularmente, no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo”.

“Más de 5.000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP, a partir de agosto”, aseguró la UAS.

“Como consecuencia de deudas previsionales e impositivas”

“Aunque parezca increíble, y aun cuando se repitió incansablemente, hay instituciones de CABA, provincia de Buenos Aires y de la totalidad del interior del país que en muy poco tiempo no podrán honrar compromisos básicos”.

“Situación que -obviamente- impactará directamente sobre la atención de los pacientes”, subrayó la entidad.

“La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver”.

La UAS puntualizó que “el capital humano es el recurso más importante de este sector”.

“No poder afrontar en tiempo y forma su costo implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión”.

“De mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo”.

Por eso sostuvo que “el Estado debe  ser consciente de la necesidad de apoyar a uno de los sectores más importantes de la sociedad”.

“El que atiende a más del 70% de la población argentina en uno de los temas más sensibles que es la salud”.

“Nos es imposible quedarnos callados frente a la responsabilidad que tenemos con los argentinos que vienen a atenderse a nuestras instituciones y que -de no modificarse urgentemente esta situación- se verán afectados directamente”.

Además indicó que “los problemas del sector privado de salud no son distintos al de las obras sociales en todas sus variantes y al del sector público”.

“Lideramos a un grupo de organizaciones que priorizan sobre todas las cosas el bien común y la continuidad de la existencia del sistema para poder seguir atendiendo a todos los argentinos que confiaron en él”.

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La reciente solicitud de quiebra de Servin Life, ha generado una gran preocupación entre sus afiliados y, además, ha destapado una serie de irregularidades financieras y administrativas que involucra a entes de control relacionados al Poder ejecutivo.

El gobierno ha descubierto datos oscuros que complican aún más la situación de la entidad, mientras que Servin Life S.A. ya comunicó a los afiliados que no continuará operando. Según sus abogados, tiene una deuda de 200 millones de pesos que no puede afrontar pero el síndico del concurso de acreedores, Leonardo Wolf, concluyó recientemente que la empresa sólo puede pagar el 40% de la deuda real.

Mientras la reacción del gobierno hasta el momento no parece ser la más adecuada -posiblemente para no generar alarma en todo el sistema-, la también polémica Unión Argentina de Salud está en alerta y recién ahora pidió un informe sobre la situación de todas las prepagas del país.

Servin Life se define a sí misma como una empresa familiar, que en su mejor momento llegó a tener -según informaron al diario Clarín fuentes del estudio de abogados que la representa- 2.800 afiliados.

La empresa se creó en 2018, cuando compró parte de lo que era otra prepaga, Valmed. Su actual presidente es Matías Sosa y su domicilio legal, Juan Domingo Perón 725, de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin bien Servin Life es poco conocida, algunos recuerdan que en plena pandemia fue denunciada por el Municipio de San Nicolás.

El intendente Manuel Passaglia presentó en agosto de 2020 una acción penal contra directivos de la UOCRA -en este mismo momento Gerardo Martínez, su titular, está en Ginebra, Suiza, en la cumbre de la OIT- y de Servin Life por hisopados de Covid presuntamente falseados, realizados a trabajadores de la empresa contratista AESA. En el Municipio no pudieron precisar este viernes cómo terminó esa causa.

Irregularidades financieras

Ante la consulta de afiliados y de periodistas, cada vez que se llama al teléfono de la empresa del otro lado una máquina contesta que «ya no pertenece a un abonado en servicio». El sitio web quedó inhabilitado. 

Servin Life, que operaba en la Ciudad y el Conurbano, es una de las tantas prepagas pequeñas cuyo nombre no tiene el peso de las más conocidas pero abundan en el país. De acuerdo a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en la Argentina hay más de 600 prepagas inscriptas, muchas de ellas del mismo tamaño que Servin Life.

Según las investigaciones, durante la gestión anterior se realizaron movimientos financieros irregulares que han llevado a Servin Life a una situación crítica. El Ministerio de Salud encontró deudas millonarias y manejos poco claros de los fondos, lo que ha generado una crisis de confianza en la institución.

Preocupación de los afiliados

Los afiliados de Servin Life han expresado su preocupación y malestar ante la posibilidad de quedarse sin cobertura médica, lo hacen de manera formal ante la SSS y también a través de las redes sociales donde encuentran más eco ante la preocupante situación.

Muchos de ellos dependen de la prepaga para tratamientos continuos y esenciales. «Es una situación angustiante no saber si vamos a seguir recibiendo la atención médica que necesitamos», comentó uno de los afiliados afectados.

Otro usuario de la misma red social, identificado como Francisco, manifestó su preocupación: “Mi abuelo con hipertensión, marcapasos y demencia junto a mi abuela con artrosis y diabetes se están por quedar sin cobertura porque su prepaga quebró. Y en el mail donde nos lo comunican, nos aclaran que no tienen la obligación legal de brindarles nueva cobertura en otro lado” dice el diario Clarín, uno de los pocos que sigue el tema al detalle.

Medidas del gobierno

Esa obligación en rigor era del Estado y caducó a partir del artículo 267 del DNU 70/2023, que derogó el inciso m) del artículo 5 de la Ley N° 26.682: ordenaba a la autoridad de aplicación “transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de los sujetos comprendidos en el artículo 1º de la presente ley (N. de la R.: las empresas de medicina prepaga) la cobertura de salud con sus afiliados a otros prestadores inscriptos en el Registro que cuenten con similar modalidad de cobertura de salud y cuota”.

Ante esta situación, el gobierno ha implementado una nueva ley que prevé medidas para que los afiliados puedan ser atendidos por otras prepagas en caso de que Servin Life no pueda continuar operando. «La nueva ley asegura que ningún afiliado quedará sin cobertura médica», afirmó el ministro de Salud, intentando calmar la ansiedad de los usuarios afectados.

Soluciones a futuro

El gobierno está trabajando en varias soluciones para asegurar que los afiliados no queden desprotegidos. Además, se están tomando medidas para investigar a fondo las irregularidades y asegurar que los responsables sean sancionados. «Los movimientos financieros de la prepaga en los últimos años fueron irregulares y poco claros», señaló un funcionario del Ministerio de Salud.

Mientras tanto, desde la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Martínez Medrano fue muy claro al decir que “con la eliminación del inciso m) del artículo 5 de la ley que regula la medicina prepaga, si quiebra una empresa cualquier persona que esté con un tratamiento caro jamás va a ser tomada voluntariamente como afiliado por otra empresa de medicina prepaga, precisamente por esa enfermedad preexistente”.

Impacto en el sistema de salud

La crisis de Servin Life también pone de manifiesto la fragilidad del sistema de salud privado en Argentina. Este caso destaca la necesidad de una mayor regulación y transparencia en la gestión de las prepagas para proteger a los afiliados y asegurar que reciban una atención médica adecuada y continua.

Desde la Unión Argentina de Salud -hace pocas semanas cambió su presidente- fueron muy claros, “Debería haber un seguro para este tipo de casos. Es injusto para los afiliados pero también es injusto para otras prepagas tener que hacerse cargo. La gente está preocupada por esta situación y cuánta más edad tiene más preocupada está. El actual escenario tiende a una concentración de empresas. Las prepagas chicas van a la quiebra si tienen que cubrir un medicamento caro” le dijeron a un medio.

La situación de Servin Life es un llamado de atención para todos los actores del sistema de salud. La transparencia y la buena gestión son esenciales para mantener la confianza de los usuarios y garantizar que el sistema funcione correctamente para todos.

Más allá de las dificultades que atraviesa esta empresa, el sistema de prepagas, el sistema de salud y la Argentina misma, es un buen momento para aprovechar la salida de políticos y empresarios que en complicidad estaban más interesados en hacer dudosos negocios en lugar de ofrecer servicios de calidad esenciales para la gente y la sociedad en su conjunto.

Fuentes: ADDUC, UAS, Infobae y Clarín

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Tras la renuncia de Claudio Belocopitt, la UAS, cámara que agrupa a las empresas de medicina privada que atienden a más del 70% de los afiliados, ha elegido a Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Entidades Médicas Integradas (ACAMI), como su nuevo líder.

Su llegada se produce en un momento crítico, con el Gobierno cuestionando los aumentos de las cuotas que las prepagas han implementado desde el comienzo del año, superando el 160%, como consecuencia de la desregulación del sector.

Magonza, consciente de la situación, ha insistido en la necesidad de un diálogo abierto y constructivo entre todos los actores del sistema de salud.

«La única opción que debe descartarse es la de no trabajar entre todos para encontrar soluciones sustentables a fin de resolver la grave crisis que sufre el sistema de salud», ha afirmado.

«Es imprescindible que construyamos una mesa de trabajo entre todos los actores para definir cuestiones de fondo y resolver las distorsiones que las sucesivas regulaciones fueron afectando al sistema hasta llevarlo a la situación crítica con la que nos encontramos hoy».

El nuevo presidente también ha rechazado las acusaciones de cartelización y abuso en la suba de las cuotas. «La realidad de las entidades son muy distintas. Hay algunas que podrán devolver [el dinero cobrado de más] y otras que estarán imposibilitadas en el corto plazo porque ese dinero está gastado», ha explicado Magonza, recalcando que «el sistema estuvo 12 años pisado».

Un Nuevo Liderazgo para la UAS: ¿Qué Cambios se Esperan?

Magonza ha planteado la necesidad de un Plan Nacional de Salud que sea «solidario, accesible, equitativo y sostenible», con un marco jurídico claro y estable.

«No somos actores políticos, sólo actores de la salud que integramos un sistema cuyas variables son extremadamente sensibles y que requieren miradas técnicas dentro de un marco de una política sanitaria nacional», ha asegurado.

«Necesitamos sentarnos a dialogar con la convicción de que todos queremos que el sistema de salud funcione, porque de ello depende la tranquilidad de millones de argentinos».

Su llegada a la presidencia de la UAS, junto con el cambio en la composición del consejo directivo, parece indicar un cambio de enfoque, con un mayor peso de los prestadores en lugar de los financiadores.
Es innegable que el panorama para la UAS es complejo.

La presión del Gobierno por controlar los aumentos, las acusaciones de abuso y la necesidad de encontrar soluciones para un sistema de salud en crisis son desafíos que Magonza deberá afrontar. Su capacidad para construir puentes de diálogo, encontrar soluciones consensuadas y asegurar la sostenibilidad del sistema de salud, determinará su éxito en este nuevo rol.

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El empresario Claudio Belocopitt renuncia a su cargo en medio de tensiones con el Gobierno y señalamientos personales -incluso con el Presidente Javier Milei y el Ministro de Economía Luis Caputo-, marcando un cambio en la dirección de la Unión Argentina de Salud que curiosamente no tiene su representación en Internet. 

En un inesperado giro en el ámbito de la salud privada, Claudio Belocopitt, reconocido empresario y propietario de Swiss Medical, ha presentado su renuncia a la presidencia de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Esta decisión surge en un contexto de creciente tensión con el Gobierno, especialmente en relación con el aumento de las cuotas de las prepagas y críticas personales dirigidas hacia Belocopitt.

En su carta de renuncia, Belocopitt expresó: «Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud».

Esta decisión se produce tras recibir reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional que aseguraron que detectaron que el dueño de Swiss Medical recibió más de US$ 13 millones del Estado para pagar sueldos durante la pandemia, una «ayuda» que lo habilitó a ampliar fuertemente sus negocios.

Además, resaltaron que en enero de 2021, después de varios meses de ayuda estatal, Belocopitt expandió los negocios de Swiss Medical y compró el 50% del paquete accionario del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA). En 2022, la empresa compró Medicus y actualmente construye una mega clínica en Nordelta.

El empresario destacó la importancia de mantener el enfoque en la prestación de servicios de salud a la población argentina y abogó por despejar subjetividades que puedan obstaculizar la búsqueda de soluciones consensuadas basadas en debates técnicos y equilibrios financieros.

Asimismo, Belocopitt hizo hincapié en que la UAS no debe verse vinculada a sus defensas personales, subrayando la necesidad de separar su posición institucional de sus opiniones personales.

En un gesto de apertura hacia una nueva etapa, Belocopitt solicitó que se designe a una persona para continuar la gestión de la UAS, enfocada en la defensa del sector y la búsqueda de consensos fundamentados en el conocimiento profundo de la sensibilidad del sistema de salud.

Además, expresó sus deseos de éxito al presidente de la Nación, Dr. Javier Milei, en su labor por sacar al país del estancamiento y la recesión.La renuncia de Claudio Belocopitt ha generado un impacto en el sector de la salud privada, especialmente en un momento de tensiones y desafíos para el sistema de salud en Argentina.

La incertidumbre sobre el rumbo que tomará la UAS y las implicaciones de esta renuncia en el diálogo con el Gobierno y la sociedad en general, marcan un nuevo capítulo en la historia de la salud privada en el país. 

Actividad empresarial

Es dueño de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Sanatorio de Los Arcos, Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica San Lucas (Neuquén), Maternidad San Lucas (Neuquén), Clínica Zabala, Swiss Medical Center, SMG Seguros, SMG Life, Instituto de Salta, ECCO Emergencias Médicas, Blue Cross & Blue Shield de Uruguay, SMG ART, SMG Travel y SMG Laundry y el ICBA tiene una productora. En 2017 compró el 40% del Grupo América, el multimedio de Daniel Vila y José Luis Manzano. En 2019 se presentó una denuncia que derivo en una causa penal por maniobras de defraudación al Estado, malversación de fondos y evasión fiscal por parte de Swiss Medical.

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