Tensión en el sistema sanitario: faltantes de vacunas y deudas por $ 2.500 millones ponen en jaque la cobertura nacional

Mientras el infectólogo Eduardo López advierte que la inmunización es «una inversión, no un gasto», provincias como Buenos Aires y Córdoba reportan quiebres de stock en dosis clave. En paralelo, Misiones reclama al ministro Mario Lugones la regularización de pagos adeudados para centros de discapacidad.

Como todo en Argentina, el sistema de salud público y privado siguen en esa transición necesaria para sanear sus cuentas y el sistema en sí mismo para volverlo más transparente y, claro, justo a lo largo y ancho del país. Si a ello hay que sumarle los problemas que acarrea la coyuntura internacional, el tema se vuelve un poco más complicado aún. Eso si, hay un fuerte acuerdo entre la ciudadanía -más allá de algunos gobernadores- que lamentablemente es un camino que hay que transitar y superar cueste lo que cueste.

Mientras tanto, el sistema de salud argentino atraviesa una tormenta perfecta donde la logística internacional, el ajuste fiscal y las deudas administrativas convergen en un escenario de vulnerabilidad para los pacientes. En las últimas semanas, centros de salud de las provincias de Buenos Aires y Córdoba han reportado una escasez crítica de vacunas esenciales del Calendario Nacional, incluyendo la BCG, hepatitis B, varicela y la dosis antigripal, justo en el inicio de la temporada de alta circulación viral.

La situación no es aislada. El infectólogo Eduardo López ha encendido las alarmas al señalar que la falta de previsión en la compra y distribución está afectando a los grupos más sensibles: niños, embarazadas y adultos mayores de 65 años. Según datos de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, el impacto es sistémico: el 66% de las familias no logró vacunar a sus hijos en tiempo y forma, ya sea por falta de insumos, horarios restringidos en los vacunatorios o esperas prolongadas que derivan en la pérdida del presentismo laboral.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, atribuyen las demoras a complicaciones logísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) derivadas de la crisis en Medio Oriente. El cierre de espacios aéreos y limitaciones en el suministro de combustible habrían reducido la capacidad de transporte. No obstante, la cartera sanitaria anticipó que la entrega de dosis comenzará a regularizarse durante la próxima semana.

El mapa de la escasez: del 30% de stock al riesgo de meningitis

La radiografía de los vacunatorios bonaerenses y cordobeses revela cifras preocupantes. El stock de la vacuna BCG (fundamental para recién nacidos) solo alcanza para cubrir el 30% de la demanda, mientras que la de hepatitis B responde apenas al 60%. A esto se suma la carencia de dosis contra la varicela, fiebre amarilla, triple viral y esquemas de COVID-19 para menores de 12 años.

Eduardo López fue contundente respecto a la urgencia de la vacuna antigripal y la de Virus Sincitial Respiratorio (VSR) para embarazadas:

“Los funcionarios deben entender que la vacunación es una inversión, no un gasto. Si uno demora y el virus está circulando, está el riesgo de que un grupo de personas, especialmente los adultos mayores, tenga una enfermedad grave”.

El especialista advirtió además sobre la ventana crítica para la inmunización en el embarazo:

“Tenemos nada más que un mes de embarazo para dársela. Si la vacuna se retrasa quince días, un grupo grande va a dejar de vacunarse. El Gobierno Nacional tiene que comprar en tiempo y en forma, tiene que distribuirlo en tiempo y en forma”.

Deuda y desfinanciamiento: el reclamo de Misiones

Más allá de los insumos biológicos, la sostenibilidad financiera del sistema está en crisis. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, elevó un reclamo formal ante el Ministerio de Salud nacional por una deuda que supera los $ 2.500 millones vinculada al Programa Federal Incluir Salud.

Esta mora, que arrastra seis meses de impagos, afecta directamente a centros especializados, profesionales y miles de familias que dependen de la asistencia para personas con discapacidad. Passalacqua expresó su urgencia a través de canales oficiales:

“Acabo de solicitar al ministro de Salud, Mario Lugones, la regularización urgente de los pagos adeudados. Confío en que primará la sensibilidad y que se continuará asumiendo la obligación institucional para dar una respuesta urgente”.

El retroceso del PAMI y el efecto «filtro silencioso»

La retracción del Estado nacional también se evidencia en el PAMI, donde la reducción de coberturas y las demoras en los pagos a prestadores están forzando una segmentación del sistema por capacidad de pago. Según analistas y legisladores del sector, el endurecimiento de los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos está obligando a los afiliados a elegir entre el tratamiento médico o la alimentación básica.

Este escenario sobrecarga los hospitales públicos provinciales, como el Hospital Central “Ramón Carrillo” en San Luis, que deben absorber la demanda de pacientes que pierden cobertura en el sector privado o de seguridad social. La saturación de estos centros, sumada al desabastecimiento de botiquines de programas como el Remediar, amenaza con transformar la salud de un derecho universal en un bien condicionado.

El quiebre de stock en las farmacias públicas y la falta de respuesta financiera a las provincias delinean un cambio estructural en el sistema sanitario, donde la eficiencia fiscal parece colisionar con la seguridad inmunológica de la población.