Sindicatos: la CGT denuncia otra crisis «terminal» del sistema de salud con un déficit del 25% en el costo del PMO
Un informe técnico de la Secretaría de Acción Social cegetista revela que la recaudación promedio por afiliado es de $67.525, frente a un Plan Médico Obligatorio que ya escala a los $85.000. Advierten que el 78,5% del padrón no cubre los costos básicos de atención. La crisis «terminal» no es una novedad, si es crónica.
El sistema de seguridad social en Argentina, que brinda cobertura médica a 14 millones de personas, atraviesa un escenario de vulnerabilidad financiera sin precedentes. La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un crudo diagnóstico donde califica la situación de las obras sociales sindicales como «casi terminal».
Según el documento, elaborado por el secretario de Acción Social de la entidad gremial, el cuestionado José Luis Lingeri, la combinación de una pérdida del poder adquisitivo salarial del 30% y un incremento en los costos médicos que supera los índices de inflación, ha generado una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”.
El informe resalta que la crisis ya ha provocado el cese de actividades de entidades como la obra social de la Industria del Fósforo, mientras que otras, como las de la Dirección de Industria de la Construcción y la Industria Pesquera de Mar del Plata, han sido declaradas oficialmente en situación de crisis.
A este panorama se suman las intervenciones judiciales en OSPRERA y Ladrilleros. La CGT sostiene que el modelo de financiamiento basado en el 9% del salario se ha vuelto insuficiente, obligando a los sindicatos a auxiliar financieramente a sus prestadoras de salud para evitar la cesación de pagos generalizada.
Esta asfixia financiera tiene un impacto directo en el ecosistema prestador: se ha detectado una prolongación en los tiempos de espera, malestar creciente entre los afiliados y una caída en la calidad de la atención.
Además, el acceso a farmacia se ha visto gravemente resentido. Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la capacidad de compra de medicamentos habituales se redujo, en promedio, un 49%, una tendencia que los equipos técnicos de la central obrera aseguran que se mantiene hasta la actualidad.
La brecha del PMO: recaudación vs. costos reales
El corazón del problema reside en la disparidad entre los ingresos genuinos del sistema y el costo de la canasta básica de prestaciones que las obras sociales están obligadas a garantizar por ley.
| Concepto | Valor (Marzo 2026) | Brecha % |
| Recaudación promedio por beneficiario | $67.525 | – |
| Costo estimado del PMO per cápita | $85.000 | +25% |
De acuerdo con el informe, este desfasaje implica que «más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO». En la práctica, esto significa que el 67% de la población de obras sociales nacionales se encuentra por debajo del promedio de recaudación necesario para sostener el sistema.
El «agujero» de los monotributistas y la transferencia de PAMI
La CGT identificó dos focos críticos de desfinanciamiento vinculados a segmentos específicos de la población afiliada:
- Monotributistas: El aporte mensual ronda los $20.000, una cifra que es «un 290% inferior al costo del PMO». Lingeri advirtió que muchos ingresan al sistema con patologías previas, utilizando el régimen «al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios».
- Jubilados: La situación es calificada como «negativa y discriminatoria». Mientras el PAMI recauda aproximadamente $159.000 por jubilado, solo transfiere a las obras sociales $48.269 per cápita por aquellos que deciden permanecer en sus estructuras sindicales.
Asimismo, la central obrera denunció distorsiones en la facturación de hospitales públicos. Señalaron que en distritos como CABA, los hospitales facturan prácticas programadas sin autorización previa y con nomencladores que presentan «valores muchas veces superiores a los de prestadores privados», lo que deriva en facturas que se transforman en «cosa juzgada» y terminan en procesos judiciales de cobro.
Críticas a la gestión de subsidios y el Fondo Solidario
El informe no escatima críticas hacia el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud por el manejo «inequitativo» de los subsidios. El principal cuestionamiento recae sobre el SUMA (Subsidio de Mitigación de Asimetrías), que distribuye unos $2.380 por beneficiario. Según la CGT, este esquema es injusto porque «reciben lo mismo las obras sociales de bajos ingresos que las entidades que más recaudan (por ejemplo, OSDE, Swiss Medical, etc.)».
Por otro lado, alertaron que el Fondo Solidario de Redistribución (FSR) está siendo «horadado» por el sistema de discapacidad (INTEGRACIÓN). Aunque los pagos se reciben regularmente, la cobertura de estas prestaciones consume actualmente más del 75% de los recursos del Fondo.
Finalmente, cuestionaron el último DNU del Poder Ejecutivo que reduce del 20% al 15% los aportes al FSR de los salarios más altos, una medida que consideran «antiequitativa» al desfinanciar una herramienta clave para la compensación de asimetrías en salud.
La sostenibilidad del modelo de obras sociales en Argentina se enfrenta a un punto de quiebre donde la insuficiencia de los aportes salariales y la falta de actualización de las transferencias estatales amenazan con reconfigurar definitivamente el acceso a la salud para millones de trabajadores.
