Propiedad Intelectual en jaque: el Gobierno posterga el debate del Tratado de Patentes ante advertencia de laboratorios
En una semana clave para el sector, el Ministerio de Desregulación suspendió la discusión del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) en Diputados. Mientras el oficialismo busca modernizar el sistema, CILFA y Cooperala advierten sobre el impacto de U$S 3.321 millones en ahorros para el sistema sanitario.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y la industria farmacéutica nacional alcanzó un nuevo pico de intensidad tras la suspensión del debate legislativo sobre la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El plenario de comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria de la Cámara de Diputados fue desconvocado sin fecha de reprogramación, a pedido del Ministerio de Desregulación del Estado.
El conflicto no es menor: pone en juego el equilibrio entre la protección de la innovación extranjera y la capacidad de producción de genéricos y biosimilares de la industria local.
El trasfondo de esta postergación parlamentaria se vincula con la reciente derogación de la Resolución Conjunta 118/12, una normativa que desde hace más de una década establecía criterios restrictivos para el otorgamiento de patentes farmacéuticas. Según el ministro Federico Sturzenegger, aquella resolución «había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina», calificándola como un atentado contra el derecho de propiedad.
Con la nueva Resolución Conjunta 1/2026, el Gobierno busca que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evalúe cada solicitud basándose exclusivamente en estándares internacionales de novedad y actividad inventiva.
Sin embargo, para los laboratorios nacionales agrupados en CILFA y Cooperala, este giro representa una amenaza a la soberanía sanitaria y a la competencia de precios.
La industria local sostiene que el esquema previo permitía desarticular monopolios mediante el lanzamiento de alternativas terapéuticas a precios sensiblemente menores. En este contexto, la adhesión al tratado internacional PCT es vista como el paso final hacia un régimen de propiedad intelectual que, según los actores locales, podría extender artificialmente los monopolios farmacéuticos por períodos de 20 años.
El ahorro en juego: U$S 3.321 millones para 2025
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) ha presentado proyecciones contundentes sobre el beneficio económico de mantener un sistema que favorezca la competencia. Según estimaciones basadas en estudios de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), el ahorro generado por el uso de medicamentos genéricos y biosimilares se sitúa en los U$S 2.214 millones anuales.
De cara al próximo año, el impacto es aún mayor. Desde CILFA precisaron que “el ahorro puede estimarse en el orden de los U$S 3.321 millones para el año 2025”. Esta cifra no solo representa un alivio para los bolsillos de los pacientes, sino también una reducción de costos crítica para el sistema público, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. La industria local destaca casos de medicamentos de alto costo como el pembrolizumab, cuya versión biosimilar es un 60,30% más barata, o terapias para enfermedades raras como el nusinersen, con descuentos que oscilan entre el 45% y el 63,50%.
El debate por el «Evergreening» y la seguridad jurídica
La gran preocupación de los laboratorios nacionales radica en lo que denominan «evergreening»: la práctica de presentar solicitudes de patentes para innovaciones menores en medicamentos ya conocidos con el fin de preservar monopolios. “Se trata de patentes que protegen innovaciones menores… pero que no aportan efectos terapéuticos ni ningún otro valor, salvo preservar monopolios y obstaculizar durante años el lanzamiento de medicamentos competidores”, sostuvieron desde CILFA ante Infobae.
En la vereda opuesta, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que nuclea a laboratorios extranjeros, celebró la modernización del sistema. Para CAEMe, fortalecer la seguridad jurídica es esencial para “promover la innovación y favorecer la llegada de nuevas terapias a nuestro país”. Argumentan que un marco previsible atraerá inversiones en investigación y desarrollo que hoy se desvían hacia otros mercados con protecciones más sólidas.
Inserción internacional vs. Soberanía
El oficialismo defiende la adhesión al tratado PCT argumentando que facilitaría la inserción del sistema científico argentino en el mundo. Destacan que el CONICET y universidades nacionales concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo este esquema desde el exterior, y que firmas locales como Bagó, Biogénesis Bagó y Mabxience ya utilizan el sistema internacional.
Por su parte, el Gobierno garantiza que la reforma no afectará a los productos que ya se comercializan. La normativa actual subraya que “los titulares de las patentes no tendrán derecho a impedir la continuación de la comercialización ni a requerir una retribución” por lo ya disponible. No obstante, el INPI ahora tendrá la potestad técnica de decidir «caso por caso», eliminando el decálogo de requisitos técnicos que regía desde 2012.
Esta reconfiguración del sistema de patentes representa un cambio estructural en el ecosistema sanitario argentino, donde la puja por el acceso a la innovación se enfrenta directamente con la sostenibilidad financiera de los financiadores y el bolsillo de los afiliados.
