Una mujer demanda al Estado y a AstraZeneca por $ 90 millones por la vacuna del COVID

Una mujer demanda al Estado y a AstraZeneca por $ 90 millones por la vacuna del COVID

Flavia Ochoa, de 39 años, asegura haber sufrido el Síndrome de Guillain Barré tras recibir la vacuna AstraZeneca y además reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Vacunas.

La justicia argentina se enfrenta a la primera demanda pública por daños y perjuicios contra la vacuna AstraZeneca y el Estado Nacional. La demanda, iniciada por Flavia Ochoa, de 39 años, oriunda de Coronel Moldes, Córdoba, busca una indemnización millonaria por las secuelas que, según ella, sufrió tras recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Ochoa afirma haber desarrollado el Síndrome de Guillain Barré, un trastorno que afecta el sistema inmunológico y puede causar parálisis. La demanda, que se presentó en los tribunales federales de Río Cuarto, comenzó mucho antes de que AstraZeneca reconociera públicamente en un tribunal británico que su vacuna podía causar efectos secundarios poco comunes.

El abogado Pablo Roca, representante de Ochoa, sostiene que «hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca». La demanda reclama una suma total de más de $90 millones por distintos daños, incluyendo incapacidad, daño moral, daño punitivo y daño emergente.

«Perdí mucho más que mi trabajo, me arrebataron la vida»: el relato de la demandante Ochoa detalla en la demanda cómo, a las pocas horas de recibir la vacuna, comenzó a experimentar calambres, debilidad en las piernas y fuertes dolores. La llevaron al hospital, donde le diagnosticaron «síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia», tras una serie de pruebas médicas.

La mujer asegura que, tras dos años, aún se encuentra en rehabilitación, caminando con andador y con debilidad extrema en las extremidades inferiores. Además, describe las consecuencias que su estado de salud ha tenido en su vida cotidiana, incluyendo incontinencia, dolores crónicos, depresión y dificultades para realizar tareas básicas.

«Según mis médicos, ya no tendré mejores días en el futuro, debo lidiar con esta situación incapacitante de por vida», afirma Ochoa.

En la demanda, también se expone la situación de su esposo, quien se ha visto afectado por la incapacidad de su pareja. «Vivo y sufro día a día los padecimientos de la incapacidad de mi pareja. Tenemos un hijo de solo cinco años, en este momento me siento totalmente vencido y superado por la situación», añade el marido.

La demanda cuestiona la Ley de Vacunas y el consentimiento informado

Ochoa sostiene que se sintió presionada a vacunarse debido a la «gran presión social, laboral, de los médicos de comunicación y coacción ejercida desde el mismo Estado». Afirma que no recibió información completa sobre los riesgos y beneficios de la vacuna y que no se le ofreció un verdadero consentimiento informado.

La demanda considera que la Ley de Vacunas, que otorga inmunidad a las empresas farmacéuticas para estos casos, «impide el ejercicio de mi derecho a peticionar a las autoridades establecidas en el Artículo 14 de nuestra Constitución Nacional». Además, cuestiona el carácter experimental de la vacuna, argumentando que «forma y formó parte de un ensayo clínico».

AstraZeneca se defiende y asegura la seguridad de su vacuna

Ante la demanda, AstraZeneca emitió un comunicado al portal de noticias Infobae en el que asegura que «no realiza comentarios sobre litigios en curso». Sin embargo, la compañía reitera su compromiso con la seguridad del paciente y sostiene que «la vacuna AstraZeneca – Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable».

El caso de Flavia Ochoa abre ;un debate sobre la responsabilidad del Estado y las empresas farmacéuticas en los efectos adversos de las vacunas, y sobre la necesidad de garantizar un acceso a la justicia para las personas que sufren daños por estos productos.