PAMI y Salud: la Justicia ordena pagos en 72 horas por crisis en discapacidad
El juez Vaca Narvaja dictó una cautelar nacional que obliga a regularizar pagos a prestadores en 72 horas tras denuncias por deudas, tratamientos interrumpidos y medicamentos no entregados.
La tensión en el sistema de atención a personas con discapacidad escaló a un punto crítico y derivó en una intervención judicial de alcance nacional. El juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud que normalicen la cadena de pagos a prestadores en un plazo de 72 horas, tras constatar demoras que ya impactan en la continuidad de tratamientos y en la provisión de medicamentos.
La medida cautelar, que se enmarca en un amparo colectivo, tendrá vigencia por seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva. El caso involucra a titulares de pensiones no contributivas con Certificado Único de Discapacidad, un universo particularmente vulnerable dentro del sistema sanitario. En este contexto, la resolución judicial no solo expone fallas administrativas, sino que pone en el centro del debate la sostenibilidad financiera y operativa de los programas públicos de salud.
Fallo judicial y presión sobre el sistema
El fallo del magistrado se sustenta en una serie de evidencias presentadas por prestadores que denuncian falta de pagos y consecuencias directas sobre la atención. Según el expediente, las demoras generaron interrupciones en terapias para niños, adultos mayores y personas con discapacidad, así como la suspensión en la entrega de medicamentos durante al menos tres meses.
Entre los casos destacados, el Pequeño Cottolengo Don Orione reportó pérdidas financieras significativas: $41.556.675,86 en intereses al fisco durante 2026, sumados a $14.429.407 abonados en 2025, además de cortes en la provisión de medicamentos entre febrero y abril.
El juez Vaca Narvaja consideró estos elementos como prueba suficiente de un riesgo concreto para la salud de los beneficiarios. En su análisis, sostuvo que las demoras afectan derechos fundamentales y que “la interrupción de los tratamientos puede provocar retrocesos en el desarrollo integral de las personas con discapacidad”.
Argumentos oficiales bajo revisión
Desde el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos, se defendió la situación aludiendo a un “reordenamiento estructural”. Según explicaron, las demoras responden a la necesidad de corregir “desvíos acumulados” y “garantizar la sostenibilidad del sistema”.
Otro de los factores señalados fue la transferencia administrativa del programa Incluir Salud desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, lo que obligó a “adoptar nuevos estándares de gestión” y ralentizó la tramitación de pagos.
Además, el Ejecutivo sostuvo que los retrasos no implican recortes en la cobertura, sino que el sistema se encuentra en “pleno proceso de regularización”.
Sin embargo, estas explicaciones no resultaron suficientes para el tribunal. El juez contrastó los argumentos técnicos con la evidencia concreta de facturas impagas, intereses acumulados y prestaciones interrumpidas, inclinando la balanza a favor de una intervención urgente.
Marco legal y antecedentes
El fallo toma como antecedente una resolución del Juzgado Federal de Campana que, en diciembre, declaró inválido el artículo 2 del Decreto 681/2025 y ordenó la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En paralelo, el Gobierno había fundamentado decisiones previas —como los Decretos 534/25 y 681/2025— en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, condicionando la implementación de la normativa a la definición de fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
La cautelar dictada ahora introduce un punto de inflexión al priorizar la continuidad de las prestaciones por sobre las restricciones presupuestarias, en un escenario donde la judicialización comienza a marcar el ritmo de la gestión sanitaria.
Impacto en prestadores y cadena de valor
La resolución impacta directamente en toda la red de prestadores vinculados a discapacidad, desde instituciones especializadas hasta profesionales independientes. También repercute en la industria farmacéutica y de insumos médicos, que depende de la regularidad en los pagos para sostener la provisión de tratamientos.
El mandato de regularización en 72 horas obliga al PAMI y al Ministerio de Salud a acelerar procesos administrativos en un sistema que, según el propio Ejecutivo, se encuentra en transición.
En este contexto, la medida judicial redefine el equilibrio entre gestión pública, financiamiento y acceso a la salud, con efectos inmediatos sobre la operación de prestadores y la continuidad terapéutica de miles de pacientes en Argentina.
