Graves irregularidades: el Gobierno interviene Obras Sociales y cierra Prepagas

La Superintendencia de Servicios de Salud interviene cinco obras sociales y cierra 114 prepagas «fantasmas» en un esfuerzo por mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema de salud.

Desde la llegada de la Libertad Avanza al poder, el Gobierno Nacional ha tomado medidas drásticas para regular el sector de la salud en Argentina.

A través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), se han intervenido cinco obras sociales sindicales y se han cerrado 114 prepagas que operaban sin la debida legalidad y transparencia.

Este cambio responde a serias irregularidades, incluyendo la falta de entrega de medicamentos y la opacidad en la rendición de subsidios estatales.

Un panorama preocupante

La intervención de las cinco obras sociales, que incluyen a la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA) y la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF), se enmarca en un contexto donde, en los últimos nueve meses, se han aplicado más multas que en los cuatro años anteriores.

En total, la SSS ha impuesto 30 multas que suman 200 millones de pesos, destacando la diferencia con los 6.927.392 pesos de multas aplicadas en la gestión anterior.

Subsidios millonarios bajo la lupa

Durante el gobierno de Alberto Fernández, se destinaron USD 5.472 millones a 291 obras sociales sindicales, financiados a través del Fondo Solidario de Redistribución.

Esta cifra se traduce en un acumulado de $805.307 millones, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la correcta utilización de estos fondos, especialmente dado que la inflación acumulada en ese período fue del 300%.

Cajas negras y falta de transparencia

El superintendente Gabriel Oriolo ha señalado que el Gobierno está trabajando para eliminar la intermediación que ha permitido que entre un 3% y un 10% de los aportes de los afiliados se pierdan en «cajas negras».

Estas prácticas no solo afectan la calidad del servicio, sino que también representan un costo significativo para los afiliados, que podrían estar destinando hasta 10 mil millones de pesos a estas intermediaciones.

Un futuro incierto

El reordenamiento del sistema de salud es una tarea monumental. Con 661 prepagas en el país, solo 10 de ellas tienen inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).

Esto pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva y una regulación más estricta para garantizar que los fondos y servicios lleguen efectivamente a los afiliados.

La SSS ha encontrado 6.000 expedientes de multas a obras sociales y prepagas que estaban en espera y que ahora están bajo revisión. Sin embargo, en 2023, se registraron más de 25 mil reclamos de afiliados sin que se impusieran sanciones, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de las regulaciones actuales.

La intervención del Gobierno en el sector de la salud representa un paso importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Con un enfoque renovado en la fiscalización y la eliminación de prácticas corruptas, se espera que estas acciones no solo beneficien a los afiliados, sino que también fortalezcan la confianza en el sistema de salud argentino.

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