Discapacidad: Diputados aprobó un proyecto que preserva pensiones, cobertura de salud y aranceles unificados
El acuerdo entre oficialismo y oposición, 237 votos positivos, dejó de lado los recortes previstos en el Presupuesto 2027. La propuesta mantiene la compatibilidad de pensiones con empleo formal, refuerza el financiamiento y fija plazos para pagar deudas a prestadores. Pasa al Senado.
Después de negociaciones que se extendieron durante toda la tarde, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para reemplazar la Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año, por un régimen permanente y no el anterior donde los puntos oscuros ayudaban a la política de turno a desviar fondos y promover privilegios y conchavos.
Vale aclararlo, el «nuevo» texto conserva «la parte buena» del sistema vigente: pensiones vinculadas al haber mínimo jubilatorio, actualización por inflación, cobertura sanitaria, nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado.
La votación, concluida pasada la medianoche, reunió 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones. El respaldo fue posible después de que el oficialismo aceptara modificaciones reclamadas por aliados y opositores y se comprometiera a dejar de lado el ajuste incluido en el proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado: todavía no es una ley vigente.
Pensiones y empleo formal: qué mantiene el proyecto
El texto ratifica las pensiones por discapacidad equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y conserva al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía de acceso al beneficio. También mantiene la actualización por inflación.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la compatibilidad con el trabajo formal. Las personas con CUD podrán conservar la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La definición se aparta del capítulo sobre discapacidad enviado por el Ejecutivo dentro del Presupuesto 2027. Aquella propuesta contemplaba la incompatibilidad absoluta entre pensión y empleo formal, utilizaba el criterio de invalidez laboral y eliminaba el CUD como vía directa de acceso.
Cobertura sanitaria y aranceles para las prestaciones
El proyecto preserva el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado. De ese modo, no incorpora la propuesta presupuestaria que permitía a obras sociales, prepagas y provincias fijar sus propios valores, sin actualización automática por el índice de precios al consumidor.
Durante las negociaciones también se incorporó la garantía de acceso a un programa de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 para titulares tanto de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad, mediante el Programa Incluir Salud.
Para los prestadores, el texto agrega una disposición sobre obligaciones pendientes. Si al momento de sancionarse la ley existieran deudas, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelarlas dentro de los 90 días.
Financiamiento y controles sobre los beneficios
La propuesta identifica partidas específicas del Ministerio de Salud para financiar el sistema y prevé compensaciones del Tesoro si los recursos resultan insuficientes. Además, establece que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
El esquema combina esas garantías con controles más estrictos. La Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante cruces de información con Anses, Arca, Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Ante un incumplimiento objetivo, podrá disponerse una suspensión preventiva del beneficio, aunque bajo un “debido proceso inclusivo”. El procedimiento contempla notificación y rehabilitación provisoria, con garantías orientadas a evitar bajas arbitrarias.
Cómo se construyó el acuerdo en Diputados
Las conversaciones comenzaron hace casi dos meses, cuando la oposición impulsó una prórroga de la Emergencia en Discapacidad a pedido de organizaciones del sector altamente politizadas. El oficialismo respondió con una alternativa que buscaba sustituir la emergencia por una solución permanente.
La presentación del Presupuesto 2027, con restricciones que no formaban parte de esas conversaciones, alteró la negociación. Para alcanzar el acuerdo, el oficialismo aceptó retomar los principales componentes del sistema vigente e incorporar cambios adicionales antes de la votación.
El apoyo reunió a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, el PRO, la UCR, gran parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y casi todos los bloques provinciales. Entre los votos negativos estuvieron diputados cordobeses que cuestionaron la participación de las organizaciones en la elaboración del texto; la izquierda se abstuvo por la falta de actualización de las deudas con prestadores.
El próximo paso y su alcance para el sistema de atención
El proyecto pasa al Senado con un respaldo de dos tercios en Diputados. Su objetivo es reemplazar una herramienta transitoria, que requiere prórrogas, por un marco permanente para pensiones y prestaciones.
Para el sistema de atención de personas con discapacidad, la propuesta preserva el nomenclador y el arancel unificado, incorpora garantías de financiamiento y establece plazos para las deudas con prestadores: definiciones cuya entrada en vigencia dependerá de la continuidad del trámite legislativo.
