Condena por fraude contra Eli Lilly que deberá pagar US$ 183 millones
La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos confirmó un veredicto histórico contra la farmacéutica Eli Lilly. Al considerar que la compañía manipuló durante más de una década el cálculo de los precios de sus medicamentos para reducir los pagos que debía realizar al gobierno federal bajo el programa Medicaid. La decisión ratifica una condena por fraude bajo la Ley de Reclamos Falsos y obliga a la firma a pagar más de US$ 183 millones.
El caso se remonta a 2011, cuando el especialista Ronald J. Streck denunció públicamente que varios laboratorios, entre ellos Eli Lilly, estaban presentando precios promedio de venta artificialmente bajos al gobierno. Dichos valores sirven como base para calcular los reembolsos que las farmacéuticas deben abonar por la cobertura de medicamentos en Medicaid. Este es el programa público de salud destinado a personas de bajos ingresos.
Streck aseguró que Lilly omitía incluir en esos cálculos los incrementos posteriores de precios que cobraba a los mayoristas antes de que los productos llegaran a las farmacias. De esa manera, la compañía reportaba valores inferiores a los que realmente percibía, reduciendo de forma significativa sus obligaciones financieras con el Estado.
El fallo judicial describe cómo entre 2005 y 2017 Lilly implementó un mecanismo conocido como Price Increase Value o clawback. Bajo este sistema, si la empresa vendía un medicamento a un distribuidor por US$ 10 y antes de su reventa el precio subía a US$ 11, el mayorista debía devolver a Lilly el dólar adicional. Sin embargo, la farmacéutica reportaba al gobierno solo el precio inicial de US$ 10 omitiendo la corrección que reflejaba el costo real que se pagaba en el mercado.
Este procedimiento le permitió a Lilly retener más de US$ 60 millones que debieron transferirse al programa Medicaid. Mientras que la compañía obtuvo más de US$ 600 millones en ingresos extra derivados de estas subas, según el tribunal.
Durante el juicio que derivió en la condena por fraude, Eli Lilly sostuvo que actuó bajo “asunciones razonables”. En un marco regulatorio complejo y en constante cambio. Alegando que consideraba los clawbacks como parte de las tarifas de distribución pagadas a los mayoristas y, por ende, exentas del cálculo del precio promedio (AMP).
Sin embargo, los jueces calificaron esta interpretación como “injustificable e irrazonable”, destacando que la ley era clara. En cuanto a que el AMP debía reflejar el precio que efectivamente recibió el fabricante. “Vender un medicamento por US$ 10 y recibir luego un dólar adicional significa que el precio fue de US$ 11, no de US$ 10”, sostuvo el tribunal en una frase que resume el núcleo del caso.
En 2022 un jurado ya había dado la razón al denunciante, fijando los daños en US$ 61,2 millones. Monto que por aplicación de la Ley de Reclamos Falsos se triplicó hasta alcanzar US$ 183,6 millones. Con la sentencia de apelación, el Séptimo Circuito confirmó íntegramente la condena por fraude contra Eli Lilly.
El tribunal enfatizó que Lilly actuó con conocimiento y de manera deliberada al presentar datos falsos. Calificando su conducta como un ejemplo de “ocultamiento intencional de la verdad” en perjuicio del erario público.
La resolución se interpreta como una advertencia al sector, que en los últimos años enfrentó múltiples investigaciones por sus políticas de fijación de precios. El caso refuerza el criterio de que las farmacéuticas no pueden ampararse en la complejidad regulatoria para justificar prácticas que terminan generando perjuicios económicos al Estado.
Para expertos legales, este precedente consolida la obligación de los laboratorios de mantener registros claros, transparentes y verificables. De todas las operaciones que afectan el cálculo de sus contribuciones al Medicaid.
La causa también reafirma el rol de los informantes o whistleblowers. Quienes a través de acciones qui tam pueden denunciar fraudes contra el gobierno. Y en caso de éxito, recibir una porción de lo que se recupera. Streck, quien inició el litigio en 2014 contra Lilly y otras 14 compañías, se convierte en una figura clave en la vigilancia de la transparencia en el mercado de medicamentos en Estados Unidos.
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