Milei y Lugones reestructuran el Ministerio de Salud y concentran discapacidad y pensiones en una Secretaría
Por medio del Decreto 193/2026, el Gobierno reordenó el organigrama del Ministerio de Salud: creó nuevas direcciones para políticas de discapacidad, centralizó la gestión de pensiones por invalidez y eliminó áreas como la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y coordinaciones de la ex ANDIS.
El Gobierno nacional volvió a mover piezas en la arquitectura del sistema sanitario. Con la publicación del Decreto 193/2026 en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei formalizó una reestructuración del Ministerio de Salud que redefine la gestión del área de discapacidad, concentra funciones sensibles como el otorgamiento y revisión de pensiones por invalidez y redibuja el mapa de direcciones nacionales, generales y coordinaciones internas.
La norma, firmada por el Presidente y por el ministro Mario Lugones, ajusta la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo y consolida en la cartera sanitaria el rol de organismo rector de las políticas públicas en discapacidad y rehabilitación integral.
Discapacidad bajo Salud: más competencias y nuevas direcciones
El decreto se apoya en cambios previos a la Ley de Ministerios y ratifica que el Ministerio de Salud será responsable del “diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad y rehabilitación integral” y de la conducción del proceso de otorgamiento, control, revisión y auditoría de las pensiones por invalidez y de las emergentes de las leyes 13.478, 22.431 y 24.901, actuando como continuador de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
En ese marco, se aprueba un nuevo organigrama que “redefine la distribución de áreas administrativas, sanitarias y técnicas” y reorganiza direcciones vinculadas a recursos, tecnología, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, con el objetivo de “ordenar funciones y circuitos internos”. Para el área específica de discapacidad, la norma incorpora estructuras como la Dirección Nacional de Gestión y Asignación de Apoyos, la Dirección de Evaluación y Certificación de la Discapacidad y la Dirección de Regulación de Servicios, que tendrán intervención en el análisis de solicitudes, la determinación de beneficios y el monitoreo de su implementación en todo el país.
Observatorio de Discapacidad y rediseño territorial
Uno de los ejes de la reforma es la creación de la Dirección del Observatorio de Discapacidad, que estará a cargo de la “producción y análisis de información sobre el acceso a derechos, apoyos y prestaciones”, según se detalla en los anexos técnicos del decreto. Esta dependencia asumirá la sistematización y el monitoreo de datos sobre población con discapacidad, cobertura de programas y brechas territoriales, en línea con la tendencia global a apoyar el diseño de políticas en tableros de indicadores.
En paralelo, se reorganizan unidades con alcance en las provincias y municipios, como la Dirección de Gestión Territorial, Acceso y Evaluación de Apoyos, que tendrá a su cargo intervenir en los procesos de evaluación de solicitudes, definición de criterios y seguimiento de la ejecución de apoyos y prestaciones a nivel federal. También se reordenan las áreas responsables de las pensiones no contributivas, con foco en la “estandarización de procedimientos, el control de expedientes y la articulación con otros organismos del Estado”, buscando reducir dispersión de criterios y duplicación de circuitos.
Qué áreas se eliminan y cómo cambia la auditoría interna
La contracara de la creación de nuevas dependencias es la supresión de varias unidades organizativas. El Decreto 193/2026 dispone la eliminación de la Dirección Nacional de Sistemas de Información Sanitaria y de distintas coordinaciones que dependían de la ex ANDIS, entre ellas áreas de Monitoreo Operativo, Comunicación y Enlace de Asignaciones Económicas, así como cargos en la ex Unidad de Auditoría Interna.
En materia de control, la norma redefine las competencias de la auditoría interna del Ministerio, alineándolas con los lineamientos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Se establecen nuevas funciones para el “seguimiento de planes de control, evaluación de riesgos y supervisión de informes”, con el propósito declarado de “asegurar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos”. Esa reorganización ubica el circuito de control más cerca de la cúpula política de la cartera y del esquema general de auditoría del Estado nacional.
Consejo de Articulación y FONADIS: un nuevo tablero para programas y financiamiento
El decreto también avanza sobre los instrumentos de financiamiento y articulación de políticas. Crea el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, que tendrá a su cargo “la administración, el diseño y la aprobación de los programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS), así como la determinación de los criterios, requisitos y condiciones para su acceso”.
Ese Consejo estará integrado por el secretario nacional de Discapacidad, el subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, entre otros miembros, y será presidido por el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Las tareas técnico‑operativas para ejecutar los programas del FONADIS quedarán en manos de la Dirección Nacional del FONADIS, dependiente de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos. En términos de gobernanza, se consolida así un esquema en el que diseño político, asignación de fondos y ejecución operativa de los programas para personas con discapacidad se concentran dentro del Ministerio de Salud y su nueva estructura específica.
En un contexto de ajuste del gasto público y rediseño de organismos, la centralización de la política de discapacidad, la gestión de pensiones y la administración del FONADIS dentro del Ministerio de Salud configura un nuevo mapa institucional que será clave para prestadores, obras sociales y beneficiarios en todo el sistema de salud argentino.
