Argentina impulsa en la ONU un tratado para proteger los derechos de las personas mayores

Con apoyo de Brasil, Eslovenia, Filipinas y Gambia, la semana de negociaciones en Ginebra abrió el camino a un nuevo tratado que busca combatir el edadismo y blindar la dignidad de una población mayor de 65 años que se duplicará en los próximos 50 años.

En un contexto de envejecimiento acelerado de la población mundial y de evidencia creciente sobre abusos silenciosos contra personas mayores, la ONU inició esta semana en Ginebra negociaciones formales para un tratado específico de protección de sus derechos, en una iniciativa liderada y presidida por Argentina.

Las discusiones, que se extendieron durante cinco días, buscan responder a un fenómeno que trasciende fronteras: el aumento de la esperanza de vida, la expansión de las residencias de larga estadía y la persistencia de prácticas discriminatorias y negligencias que, según activistas y expertos, no encuentran hoy un marco jurídico suficientemente robusto y claro.

La ONU proyecta que, en los próximos 50 años, el número de personas mayores de 65 años se duplicará y representará cerca de una quinta parte de la población global. En paralelo, informes de expertos y organizaciones de derechos humanos describen un edadismo “pervasivo”, que se filtra tanto en la vida cotidiana como en las políticas públicas, desde edades de retiro obligatorio hasta límites en la participación cívica y en el acceso a prestaciones sanitarias.

La iniciativa de un tratado específico aparece así como respuesta política y jurídica a esos cambios demográficos, con impacto potencial directo en sistemas de salud, modelos de cuidados de larga duración y marcos de protección social.

Qué se negocia y quiénes lo impulsan

La semana de conversaciones en Ginebra fue convocada y presidida por Argentina, con el objetivo de avanzar en un instrumento internacional que aborde exclusión, discriminación y negligencia hacia las personas mayores. “Nuestro objetivo no es solo abordar las necesidades del presente, sino también preparar un sistema que pueda responder a las necesidades del futuro”, señaló Carlos Mario Foradori, embajador argentino ante la ONU en Ginebra, al explicar el sentido de la iniciativa.

El proyecto de tratado cuenta con un núcleo de países impulsores integrado por Brasil, Eslovenia, Filipinas y Gambia, mientras que Chile y Sudáfrica se sumaron entre las voces de apoyo durante la semana de trabajo.

Los negociadores volverán a reunirse en octubre, también en Ginebra, pero no hay plazos definidos: la experiencia de otros instrumentos internacionales muestra que alcanzar consensos globales puede llevar años.

Motivos de la medida y antecedentes

Aunque existen tratados de derechos humanos con cláusulas de no discriminación por raza o género, hoy no hay ningún instrumento equivalente que aborde de manera específica la discriminación por edad. Esa laguna normativa es uno de los argumentos centrales de las organizaciones que empujan el nuevo tratado.

Heidrun Mollenkopf, presidenta de AGE Platform Europe —red de organizaciones de personas mayores en Europa— advirtió que “hay muchas situaciones donde las personas no están plenamente protegidas por la legislación existente”. Según explicó, buena parte de los abusos en residencias y centros de cuidados permanece “completamente oculto”, y mencionó prácticas como el uso de “contenciones químicas” para controlar el comportamiento de personas con demencia, además de casos extremos que llegan al homicidio. Si bien no detalló incidentes concretos, el señalamiento refuerza la percepción de una problemática estructural más que anecdótica.

En 2021, una experta independiente designada por la ONU sobre los derechos de las personas mayores ya había recomendado reformas, describiendo un edadismo extendido globalmente y estereotipos profundamente arraigados que influyen en leyes y políticas.

Desde 2011 se venían realizando reuniones informales en la ONU sobre discriminación hacia las personas mayores, pero la alta proporción de muertes por COVID-19 en este grupo etario y el impacto de sucesivas olas de calor en Europa terminaron de acelerar el paso hacia negociaciones formales.

Manifestaciones de edadismo en sistemas de salud y trabajo

Los activistas y expertos que respaldan el tratado señalan ejemplos concretos de cómo el edadismo se traduce en decisiones institucionales. Entre ellos mencionan edades de retiro obligatorio, restricciones de edad para formar parte de jurados y la reducción de ofertas de screening oncológico para personas por encima de ciertos umbrales de edad. “Hay restricciones por edad que pasan completamente sin ser cuestionadas”, sostuvo Bridget Sleap, investigadora senior en Human Rights Watch.

La especialista cuestionó la idea de que las personas deberían simplemente “dejar de trabajar porque cumplen años”, calificándola de “arbitraria” en un contexto en el que muchas personas mayores permanecen activas y necesitan seguir integradas a la vida laboral y social.

Este tipo de prácticas tiene impacto directo en la salud mental, la seguridad económica y la capacidad de las personas mayores para sostener autonomía y participación, y por eso se busca que el tratado incorpore principios que orienten reformas laborales, sanitarias y sociales.

Presión demográfica, COVID-19 y olas de calor

La pandemia de COVID-19 funcionó como un punto de inflexión. La elevada proporción de muertes en personas mayores, en residencias y en la comunidad, visibilizó fragilidades en los sistemas de cuidados, en las redes de protección social y en la capacidad de los sistemas de salud para priorizar la protección de este grupo.

Organizaciones que trabajan con personas mayores señalan que ese impacto otorgó un nuevo impulso político a la idea de un tratado específico.

En años recientes, las olas de calor en Europa reforzaron aún más la urgencia. Episodios climáticos extremos causaron una mortalidad desproporcionada en población senior y llevaron a algunos gobiernos a desplegar medidas específicas, desde programas de apoyo hasta iniciativas tan concretas como ofrecer refugio climático en cines para personas mayores.

Para los defensores del tratado, estos eventos muestran que el envejecimiento poblacional interactúa de manera crítica con nuevas amenazas —entre ellas el cambio climático— que requieren marcos normativos y políticas públicas adaptadas.

Tensiones políticas y expectativas de los defensores

Más allá del consenso técnico sobre la necesidad de proteger mejor a las personas mayores, el proceso no está exento de tensiones. Margaret Gillis, de 67 años, presidenta fundadora del International Longevity Centre Canada, anticipó que espera “una pelea” durante las negociaciones. Señaló que algunos Estados autocráticos podrían intentar diluir el alcance del tratado, mientras que otros países podrían resistirse si perciben que la nueva normativa implicaría asumir mayores costos en salud y cuidados.

Desde AGE Platform Europe, Mollenkopf —de 85 años— expresó su apoyo a la iniciativa, pero también su preocupación por los tiempos. “Espero que el tratado llegue en mi vida”, afirmó, aunque admitió: “Me temo que podría no ser así”. El desafío será avanzar hacia un texto que logre equilibrar obligaciones claras y ambiciosas con la realidad fiscal y política de Estados que enfrentan presiones múltiples en sus sistemas de salud y protección social.

En un mundo donde los mayores de 65 años serán cada vez más numerosos y visibles, el desenlace de estas negociaciones será clave para definir hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a reconocer, en un tratado vinculante, que el envejecimiento es una dimensión central de los derechos humanos y de las políticas de salud pública.