Banco Nacional de Datos Genéticos: la cautelar que obliga a financiar una infraestructura única de ADN
La Justicia federal ordenó al Gobierno garantizar de inmediato el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), tras advertir que el presupuesto 2026 cubre apenas el 55,96% de lo requerido y pone en riesgo material genético “único e irrepetible” clave para causas de apropiación de menores durante la dictadura, una decisión que abre un terreno de colaboración (y posicionamiento) para la industria local de biotecnología y diagnóstico.
El fallo, firmado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, responde a una presentación de fiscales especializados en delitos de lesa humanidad que describieron una situación de “extrema criticidad” presupuestaria y operativa en el BNDG. Según los informes incorporados al expediente, la partida aprobada para 2026 equivale solo al 55,96% de los fondos necesarios para sostener servicios básicos, desde seguridad y limpieza hasta mantenimiento informático, soporte de laboratorio y condiciones ambientales para conservar muestras biológicas.
La directora técnica del organismo advirtió que ya se comenzó a afectar el pago a proveedores de servicios críticos y que debieron suspenderse viajes para la toma de muestras, lo que impacta en el cumplimiento de requerimientos judiciales.
En su resolución, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina contra el Estado nacional y ordenó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, “adoptar todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del BNDG.
El magistrado fue explícito sobre el riesgo: señaló que existe un “peligro en la demora” vinculado a material genético “de carácter único e irrepetible” y alertó que “la eventual paralización o demora en la producción de pericias genéticas no sólo afecta el trámite ordinario de los expedientes, sino que compromete el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en materia de investigación, juzgamiento y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”.
La Justicia recordó que el BNDG conserva información genética acumulada durante casi cuatro décadas, vinculada a investigaciones por apropiación de menores, desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad.
Ramos Padilla definió al organismo como “técnico esencial e irremplazable” y como una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos”, al punto de subrayar que, en muchos casos, sus peritajes constituyen “la única prueba científicamente idónea” para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad.
Sobre esa base, citó la Ley 26.548, que obliga a garantizar que las tareas del BNDG se realicen “con normalidad, evitando suspensiones y demoras”, y recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos —incluido el caso Gelman vs. Uruguay— sobre el deber estatal de investigar violaciones graves y asegurar el derecho a la identidad.
El fallo también reconstruye cómo se llegó a este punto. Informes de la dirección técnica describen que en 2025 el organismo pudo sostener su actividad “con esfuerzo”, pese a limitaciones en recursos humanos y materiales, pero que la falta de presupuesto adecuado empezó a impactar en los tiempos de respuesta y en la posibilidad de cumplir con todos los requerimientos judiciales.
La directora advirtió que prescindir de servicios básicos como mantenimiento edilicio, control ambiental y soporte informático “genera un impedimento cierto de la garantía en la cadena de custodia y correcta preservación de toda la documentación, muestras biológicas, sangre, hisopados bucales, restos cadavéricos y objetos fuente de ADN”, con consecuencias potencialmente irreversibles sobre la prueba.
Ramos Padilla recordó, además, casos emblemáticos de restitución de identidad logrados gracias a pericias del BNDG —como los de Elena Gallinari Abinet, Silvia Alejandra Cugura Casado y Sebastián José Casado Tasca—, y destacó que “esta es una de las pocas oportunidades en las que, frente al delito de supresión de la identidad, la justicia penal logra efectuar una reparación”.
El juez enfatizó que en el Juzgado Federal N°1 de La Plata subsisten numerosas investigaciones por apropiación de menores durante la dictadura, muchas de ellas “abiertas a la espera de nuevos entrecruzamientos genéticos”, y que “cada nueva muestra que ingresa al Banco Nacional de Datos Genéticos debe ser entrecruzada con la totalidad del Archivo Nacional”, lo que hace indispensable mantener plenamente operativa la infraestructura de análisis.
Como parte de la cautelar, el magistrado ordenó a la Jefatura de Gabinete producir en cinco días un informe detallado sobre el “interés público comprometido” y requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, y al propio BNDG para verificar si el organismo está en condiciones de cumplir adecuadamente sus funciones legales y los requerimientos judiciales vigentes.
También dio cuenta de que los fiscales, entre ellos Pablo Parenti —titular de la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante la dictadura—, habían solicitado medidas urgentes para evitar el deterioro operativo y el riesgo concreto sobre pruebas genéticas en curso.
Para la industria farmacéutica y de biotecnología argentina, la escena no es solo un tema de derechos humanos: expone el valor estratégico de contar con una infraestructura pública de datos y muestras biológicas única en la región. En un contexto en el que avanzan las terapias dirigidas, los estudios de farmacogenómica y los biobancos para investigación traslacional, el BNDG funciona como modelo —y potencial socio— para proyectos de secuenciación, desarrollo de kits de diagnóstico, algoritmos de matching genético y plataformas de análisis que requieran estándares máximos de calidad, trazabilidad y validación pericial.
Si el Estado asume, forzado por la Justicia, que sostener al Banco Nacional de Datos Genéticos es una prioridad no negociable, se abre también una ventana para que empresas locales de diagnóstico molecular, proveedores de equipamiento y desarrolladores de software de análisis genético colaboren —bajo reglas claras de confidencialidad y respeto por los derechos humanos— en la modernización tecnológica del organismo, en la capacitación de recursos humanos y en la construcción de capacidades que luego pueden derramarse hacia otros segmentos de la medicina de precisión, desde oncología hasta enfermedades raras.
