Es porque en diciembre vence la resolución que ampara transitoriamente a los establecimientos de salud de ser ejecutados por el Estado por deudas fiscales.

De no renovarse, al menos cinco mil en sanatorios todo el país quedarán al borde del embargo.

Así lo advirtieron desde Adecra+Cedim, cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada.

Entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio.

“Alertamos sobre la crítica situación que, de no resolverse, pondría en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas”.

La entidad subrayó “el delicado panorama del sector, que arrastra desde hace décadas un deterioro económico-financiero”.

Y remarcó “la necesidad de medidas para una salida ordenada de la crisis”.

El 31 de diciembre perderá vigencia la Resolución 617/2024 que suspende temporalmente “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares” del Estado.

Frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años.

Bajo el “paraguas” de la Ley de Emergencia Sanitaria, que caducó a fin de año pasado.

Existen 25.000 instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes).

Al menos cinco mil sanatorios ya se detectaron por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y podrían embargarse a partir de esa fecha.

Esto significa también que cerca de 300.000 trabajadores del sector correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo.

Y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse.

Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado.

Lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario.

La problemática que se plantea es el corolario de una crisis de largo arrastre.

Los prestadores de salud privada en su conjunto atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina.

Entre afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga.

Y “vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia”.

“Flagelo del que aún hoy no se pudo recomponer el capital de trabajo”.

El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones pusieron en jaque a las instituciones.

“Tal como dimos a conocer a la opinión pública en varias oportunidades, en 2002 el sector entró en Emergencia Sanitaria”.

“Y desde ese entonces, se convirtió en un sector subsidiado”.

“Ya que ningún gobierno de turno pudo o supo resolver sus problemas estructurales”, alertó Adecra+Cedim.

En diciembre de 2023, con la desregulación de la economía, la Emergencia cayó.

Y los prestadores perdieron las medidas de alivio económico que venían recibiendo desde 2020.

El sector se encuentra actualmente transitando una suerte de “pandemia económica”.

“Sin medidas de asistencia y sin tampoco poder encontrar caminos hacia la sustentabilidad económica, como debería ser”.

Y además “ahora con numerosas instituciones al borde de la quiebra”.

En el marco de la Ley Bases, existe un plan de pagos extraordinario para que las instituciones puedan saldar sus pasivos.

Pero “esto resulta insuficiente para un sector que debe décadas de contribuciones patronales y otras deudas fiscales”.

“Y que tiene dificultades, incluso, para pagar sus obligaciones corrientes mensuales”.

Además, en caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar millones de pesos de adelanto, sumado a las cuotas mensuales del plan.

“Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales”, afirmó la entidad.

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