Las señales de alerta sobre el funcionamiento de la red prestacional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) venían creciendo, pero esta vez el organismo avanzó con una poda masiva. Bajo la gestión de Esteban Leguízamo y en coordinación con el Ministerio de Salud, PAMI informó la baja de más de 1500 prestadores en distintas categorías, después de auditorías internas que detectaron irregularidades administrativas, sanitarias y de facturación en varias provincias.

Según el comunicado oficial, las sanciones alcanzan casos de cobros indebidos, facturación de prestaciones que nunca se brindaron y establecimientos que no cumplían con las condiciones de higiene y seguridad exigidas para la atención de jubilados y pensionados. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo al justificar el endurecimiento del control.

Tucumán: un policonsultorio en la mira

Uno de los casos que disparó la alarma fue un policonsultorio de San Miguel de Tucumán, donde las auditorías detectaron una combinación de fallas formales y asistenciales. Entre las irregularidades figuran la falta de habilitación municipal actualizada, legajos profesionales incompletos y la ausencia de matrículas e inscripciones de médicos que atendían a afiliados de PAMI.

El informe interno también relevó demoras significativas para acceder a turnos en especialidades sensibles como cardiología, gastroenterología y traumatología: algunos pacientes debían esperar hasta 21 días para ser atendidos. A esto se sumó un esquema de turnos bajo modalidad “por orden de llegada”, con asignaciones de consultas cada un minuto, un criterio considerado incompatible con parámetros mínimos de calidad en la práctica médica.

Otra alerta fue la existencia de estudios enviados a PAMI sin informes médicos completos y consultas asentadas en el sistema sin firma profesional, puntos que el instituto marcó como contrarios a la Ley de Derechos del Paciente y a los estándares de trazabilidad clínica que se exigen en el sistema de salud.

Prestaciones imposibles y jornadas de hasta 108 horas

Las auditorías realizadas en febrero de 2026 en áreas de cardiología y gastroenterología revelaron un segundo capítulo: volúmenes de prestaciones que, sobre el papel, resultan físicamente imposibles de sostener. Un prestador con dos quirófanos llegó a declarar 283 prácticas sobre 95 pacientes en apenas cinco horas, un ritmo que excede por completo cualquier estándar médico razonable.

En otro caso, se detectó la emisión de 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, vinculadas a 326 pacientes distintos, lo que habría implicado jornadas de trabajo de entre 81 y 108 horas continuas si se hubiera tratado de actividad real. Para PAMI, estos patrones son indicios claros de facturación irregular de actos médicos, en línea con maniobras ya denunciadas en otros expedientes por prestaciones inexistentes y uso indebido de datos de afiliados.

En paralelo, el organismo confirmó que avanzó con otra denuncia en la provincia de Chaco contra un médico prestador, a partir de inconsistencias entre lo facturado y la documentación clínica respaldatoria. Además, recordó que ya hay causas judiciales abiertas por presuntas estafas millonarias apoyadas en órdenes médicas electrónicas falsas y circuitos de facturación imposibles de justificar.

“Auditar no es perseguir”: el nuevo mensaje hacia la red prestadora

La conducción de PAMI sostiene que el objetivo no es solo sancionar sino rediseñar los incentivos dentro de la red prestacional. En su comunicado, el organismo afirmó que “auditar no es perseguir, es cuidar los recursos de los afiliados y mantener la calidad de las prestaciones brindadas” y aseguró que continuará reforzando el control de prestaciones médicas, recetas, órdenes y circuitos de facturación para frenar prácticas irregulares.

Al mismo tiempo, PAMI garantizó que pese a las bajas aplicadas “se mantendrá la continuidad de la atención médica de los afiliados” mediante la red de prestadores vigente en todo el país, apoyada en turneros digitales y monitoreo de umbrales prestacionales para detectar desvíos a tiempo.

En un contexto de presión fiscal y creciente demanda sanitaria por parte de una población envejecida, el movimiento de PAMI envía una señal directa a clínicas, policonsultorios y profesionales: la era de las prácticas fantasma, las recetas electrónicas abusivas y las “jornadas impossibles” entra en una fase de riesgo alto, con impacto directo sobre el negocio de la prestación médica y la sustentabilidad del mayor financiador público de salud de la Argentina.

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El sistema de atención primaria de la mayor obra social de América Latina enfrenta una parálisis operativa. Los médicos de cabecera de PAMI iniciaron este lunes una medida de fuerza por 72 horas en todo el país, como respuesta directa a una reconfiguración estructural en el esquema de honorarios que, según denuncian, degrada la práctica profesional.

El eje del conflicto es la reciente normativa que reemplaza el sistema mixto de cobro —compuesto por un monto fijo y adicionales por prestación— por un modelo exclusivamente capitado, aplicado con carácter retroactivo al 1° de abril.

Desde el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados (INSSJP) defienden la medida argumentando que no se trata de un ajuste, sino de una política para transparentar el gasto y simplificar la carga administrativa. Bajo el nuevo esquema, PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2.100 mensuales.

No obstante, la eliminación de los ítems por consultas efectivas, visitas domiciliarias y formación profesional ha generado un rechazo unánime en el sector prestador, que advierte sobre la inviabilidad de sostener la calidad prestacional bajo estas condiciones.

En el trasfondo del conflicto, la política macroeconómica también juega su papel. Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, admitió recientemente las dificultades financieras que atraviesa el organismo debido a demoras en las transferencias del Tesoro Nacional.

En este contexto de tensión presupuestaria, el paro —que incluye una movilización prevista para el miércoles— solo garantiza la atención de urgencias, dejando en suspenso miles de turnos programados para la población más vulnerable del sistema de salud argentino.

El nuevo nomenclador: ¿Aumento o ajuste encubierto?

La dirección de PAMI sostiene que la unificación de pagos representa una mejora directa para el profesional. Según cifras oficiales, un médico con una cartilla de 800 afiliados pasó de percibir un ingreso fijo de $756.800 a $1.680.000 mensuales. Para el organismo, esto implica «un incremento del 121% en el ingreso fijo» y permite un mayor control sobre posibles desvíos o irregularidades en la transmisión de órdenes médicas.

Sin embargo, los profesionales de la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) aseguran que el cálculo oficial es engañoso al omitir lo que se deja de percibir por la atención efectiva.

Atilio Rossi, delegado de la asociación, fue contundente al explicar que el modelo anterior reconocía la intensidad del trabajo. “Si yo atendía cien consultas, se me reconocía una parte de ese trabajo. Hoy eso desaparece: por cada paciente se paga un monto fijo mensual, independientemente de cuántas veces lo atienda”, sentenció Rossi.

«Inviable e inhumano»: la voz de los profesionales

Para los médicos, la resolución 1107/2026 ignora la naturaleza del médico de cabecera, quien actúa como gestor de salud integral del jubilado. La preocupación no es solo salarial, sino operativa, ya que el nuevo sistema paga lo mismo por un paciente que no consulta en el mes que por uno que requiere atención semanal.

Rossi calificó la situación como límite, señalando que la degradación alcanza a otros sectores como la odontología, donde se perciben apenas $370 por paciente al mes.

Respecto al impacto en la práctica diaria, el delegado afirmó: “El médico de cabecera actúa como un tutor de salud, disponible para el paciente en todo momento. Con este cambio, el sistema de pago se modifica drásticamente y hace inviable la práctica médica”. Además, advirtió que la medida es “una situación inviable, ilógica e inhumana lo que quieren hacer con nosotros”.

Tensión financiera y el rol del Tesoro

El conflicto escaló en sintonía con las declaraciones de Patricia Bullrich, quien reconoció que el PAMI atraviesa meses difíciles por el retraso en el envío de fondos. «Fueron unos meses difíciles porque bajamos muchos impuestos», admitió la legisladora, atribuyendo la demora a una caída en la recaudación. No obstante, aseguró que el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene la situación bajo análisis para regularizar los pagos.

Mientras el Gobierno intenta equilibrar las cuentas públicas, la huelga pone de manifiesto la fragilidad del vínculo entre el Estado y sus prestadores externos. Ante la falta de diálogo, APPAMIA no descarta profundizar las medidas. “Si esto no se reabre, desgraciadamente tendremos que ir a un paro por tiempo indeterminado”, concluyó Rossi, subrayando que, de no mediar una revisión de los valores capitados, la continuidad del servicio de primer nivel de atención corre un riesgo real.

La redefinición de los honorarios en PAMI marca un precedente crítico en la gestión de costos del sistema de salud, donde el equilibrio entre el control fiscal y la sostenibilidad de la práctica médica definirá el futuro de la atención geriátrica en el país.

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