Así lo manifestó mediante una resolución del Consejo Superior. En la que además expresó su extrema preocupación por la propuesta del Ejecutivo Nacional de derogar la Ley de Financiamiento Universitario.

“Todo esto devendrá en una caída de los salarios de los trabajadores docentes, nodocentes y científicos, que ya perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años. El brutal recorte que se intenta imponer a los centros de salud universitarios alcanza a instituciones clave. Como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo y el Instituto Lanari: Ellos atienden históricamente a más de 700.000 de pacientes al año”.

La UBA denunció así el recorte en el presupuesto 2026 de sus hospitales universitarios que implicará recibir un 30% menos de fondos que en 2025. Estos datos se desprenden de la media sanción que la Cámara de Diputados le otorgó al Presupuesto Nacional 2026.

El Consejo Superior, principal órgano de gobierno de la UBA, alertó que el insuficiente aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026 profundizan el “ahogo presupuestario”. Y además ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud.

La UBA recordó que declaró la emergencia presupuestaria y reiteró la emergencia salarial de sus trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes. Debido a la desactualización de las partidas asignadas y a la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Que supera el 45% en comparación con diciembre de 2023.

La resolución también rechazó la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, Ley 27.795. Todo esto incluido en el Presupuesto Nacional, y advirtió que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las Universidades Nacionales.

Por todo ello, el Consejo Superior de la UBA solicitó “la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las universidades nacionales. Y la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”. La solicitud se extendió al Senado, en el marco del trámite legislativo correspondiente.

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