159 víctimas, 111 muertes y 14 imputados

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense el paquete, en principio final, de víctimas por el fentanilo contaminado: se trata de 159 casos, de los cuales 111 fallecieron y 48 sobrevivieron a la infección producida por el medicamento adulterado con al menos dos bacterias que, según las pericias, “incrementaron su riesgo de muerte”. El poderoso anestésico, usado habitualmente en terapia intensiva y cirugías, fue elaborado y distribuido por los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, ambos propiedad de Ariel García Furfaro, procesado y con prisión preventiva.

Además del empresario, otras 13 personas fueron procesadas y ya apelaron la medida ante la Cámara Federal de La Plata. Entre ellas figuran su hermano Diego García Furfaro, también detenido, y la madre de ambos, Nilda Furbaaro, en prisión domiciliaria. Hasta ahora, Kreplak les imputaba los presuntos delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas, inicialmente por 20 casos. Con la ampliación a 111 fallecimientos que debe terminar de confirmar el Cuerpo Médico Forense, el juez anticipó que los imputados “serán volverán a ser indagados”, en un expediente donde la expectativa de pena oscila entre 10 y 25 años de prisión.

Historias clínicas, hospitales y el rol del Hospital Italiano de La Plata

Durante la feria judicial de enero, el juzgado y su equipo realizaron un trabajo de depuración de más de 170 historias clínicas de pacientes internados en hospitales y clínicas de distintos puntos del país —entre ellos provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe— que recibieron las dos partidas contaminadas. Tras esa revisión, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 3 decidió concentrarse en 159 casos en los que el cuadro clínico, el tratamiento con Fentanilo HLB Pharma y la presencia de las bacterias quedaron plenamente acreditados por estudios médicos y bacteriológicos realizados en los propios centros de salud.

Uno de los actores clave es el Hospital Italiano de La Plata, denunciante y querellante en la causa, donde murieron 15 pacientes como consecuencia del suministro del opioide sintético adulterado. Desde el entorno del magistrado consideran que la cantidad de víctimas fatales podría ser aún mayor de la probada hasta ahora “por falencias de los hospitales y clínicas para identificar bien las bacterias”. Pese a trabas y demoras en la remisión de información, Kreplak y su equipo avanzaron con celeridad para reconstruir el mapa clínico y epidemiológico de los daños.

Bacterias multirresistentes y fallas en los registros clínicos

Los estudios incorporados a la causa por el Cuerpo Médico Forense ya habían asociado la incidencia del Fentanilo HLB Pharma con la muerte de pacientes, y fueron reforzados por análisis bacteriológicos del Instituto Malbrán, laboratorio de referencia nacional. En el último peritaje, los especialistas advirtieron severas desprolijidades en los registros hospitalarios: en 22 de los 23 casos estudiados recientemente “no se remite certificado de defunción” y en las actas figura como causa de muerte la genérica palabra “enfermedad”. Solo en un caso aparece una causa específica: “shock séptico y falla multiorgánica”.

Con el nuevo dictamen del Cuerpo Médico Forense, y sumado al trabajo entregado en agosto, los casos con infecciones bacterianas asociadas al fentanilo ascienden a 52 sobre 77 historias clínicas peritadas. El informe fue requerido por Kreplak para responder una pregunta central: “cuál fue la causa de muerte de los pacientes internados en hospitales y clínicas —principalmente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba— y si esos fallecimientos se vinculan con infecciones por Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica, las mismas bacterias detectadas en las ampollas de fentanilo contaminadas”.

El documento, incorporado al expediente “FLP 17371/2025”, concluyó que al menos en 14 de las 23 historias clínicas analizadas recientemente los pacientes cursaron procesos infecciosos asociados a estos gérmenes multirresistentes. En esos casos, los peritos subrayaron que la infección implicó un incremento del riesgo de muerte, que debe interpretarse como “un factor pronóstico dentro de cuadros clínicos complejos, caracterizados por sepsis, shock séptico y falla multiorgánica”.

“Se necesita un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de historias clínicas”

Durante su exposición ante la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado de la Cámara de Diputados, Kreplak ya había marcado las dificultades estructurales para reconstruir los casos y puso el foco en la fragmentación de la información sanitaria. “Se necesita establecer un mecanismo estandarizado, uniforme y digital de las historias clínicas”, sostuvo, al remarcar que la dispersión de los registros complica tanto la investigación judicial como la medición precisa del impacto sanitario del fentanilo contaminado.

En la misma línea, explicó que el juzgado está abocado a reunir y sistematizar información clínica dispersa de distintos hospitales y jurisdicciones, con el objetivo de llegar a una cuantificación definitiva de los casos. “La idea es trabajar, incluyendo el período de feria judicial, en analizar las historias clínicas, reunir la información dispersa y enviar, luego de la feria, los casos de víctimas fatales y no fatales, para aproximarnos a lo que sería un número final”, afirmó Kreplak ante los diputados, dejando claro que el análisis de las historias clínicas sigue siendo un eje central del expediente.

El Cuerpo Médico Forense, por su parte, remarcó que las infecciones sistémicas por bacterias multirresistentes constituyen un factor independiente de riesgo de mortalidad, especialmente en pacientes críticos, y que su presencia agrava el estado general de salud, debilita la capacidad de respuesta del organismo y eleva el riesgo vital, aunque no siempre sea posible establecer una relación causal directa y exclusiva con el desenlace fatal. El dictamen aclaró que el análisis se realizó caso por caso, distinguiendo entre pacientes con bacteriemias documentadas mediante hemocultivos positivos y aquellos sin documentación microbiológica suficiente al momento del fallecimiento.

Una causa emblemática para el sistema de salud y la cadena de medicamentos hospitalarios

Con la causa camino a revisión de la Cámara Federal de La Plata y 14 personas procesadas, la Justicia ya trabaja sobre la certeza de que las víctimas fatales no son 20, como se estimaba inicialmente, sino 111, en lo que se perfila como la mayor tragedia sanitaria del país vinculada a un medicamento contaminado. El avance del expediente no solo tensiona la responsabilidad penal de directivos y técnicos de los laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group, sino que también presiona sobre los mecanismos de control de calidad, trazabilidad y vigilancia de infecciones asociadas al uso de fármacos inyectables en el sistema de salud público y privado, con impactos directos en la regulación del mercado de medicamentos hospitalarios críticos.

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El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, deja atrás una etapa centrada en la recolección pericial y se encamina hacia definiciones de fondo que pueden convertir el caso en el proceso penal sanitario más grave de la historia argentina, o bien empantanarlo en una prolongada disputa procesal.

La Cámara Federal ante los 14 procesamientos y un salto de 20 a 52 muertes vinculadas

El principal foco de atención tras la feria será la decisión de la Cámara Federal de La Plata sobre los procesamientos dictados por Kreplak contra 14 directivos y responsables de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado. Aunque la causa investiga 173 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen 20 fallecimientos concretos, en función de la evidencia disponible al momento de la resolución.

Las defensas apelaron la decisión y cuestionan la calificación legal, la aplicación del dolo eventual y el nexo causal entre el medicamento contaminado y los decesos. En paralelo, nuevas pericias del Cuerpo Médico Forense ya elevaron a 52 las muertes vinculadas al fentanilo de HLB Pharma, sobre un total de 77 historias clínicas peritadas de las 173 investigadas, una cifra que podría seguir aumentando a medida que se analicen los casos restantes.

La Cámara deberá decidir si confirma, modifica o revoca los procesamientos. Una confirmación consolidaría la hipótesis central de Kreplak: que existió una adulteración dolosa de sustancias medicinales, en un contexto de incumplimientos sistemáticos de normas de fabricación y conocimiento del riesgo sanitario. Un cambio de criterio obligaría a reordenar el expediente y podría demorar su eventual elevación a juicio oral.

Prisiones domiciliarias y una defensa de alto perfil: señales políticas y simbólicas

Otro eje sensible es el de las medidas de detención. El juez Kreplak ya rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de Diego García —hermano de Ariel García, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo— y de Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura, quienes habían alegado problemas de salud y situaciones familiares graves.

Ahora será la Cámara Federal la que defina si confirma ese criterio o concede el beneficio, en una causa donde se investigan 173 muertes y cualquier flexibilización será observada “con lupa” por familiares de las víctimas y la opinión pública. En paralelo, la causa registró un movimiento relevante en el plano político?judicial: Diego García volvió a cambiar de abogados defensores. Tras la renuncia de Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, el imputado designó a Diego Storto y Elizabeth Nancy Lires, penalistas especializados en la defensa de acusados de alto perfil, conocidos por representar en 2006 al uruguayo Mario Vitette Sellanes, sindicado como cerebro del “Robo del Siglo”, caso en el que diseñaron la estrategia que derivó en su expulsión del país.

Si la Cámara confirma la calificación propuesta por Kreplak, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva por adulteración dolosa de medicamentos con resultado de muerte, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal.

ANMAT, INAME y el rol del Estado bajo la lupa

La causa también avanza sobre el rol de los organismos de control. El juez Kreplak ordenó allanamientos en la ANMAT y en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, con secuestro de documentación, computadoras y teléfonos celulares, y dejó abierta la investigación sobre funcionarios públicos responsables de la fiscalización de los laboratorios.

En sus resoluciones, el magistrado sostuvo que los organismos regulatorios advirtieron de manera clara y reiterada las graves irregularidades, pero que esas alertas fueron desoídas por los directivos de los laboratorios, que continuaron produciendo y liberando lotes de fentanilo sin garantías básicas de seguridad. La Fiscalía, sin embargo, fue más allá y pidió investigar si hubo omisiones dolosas, connivencia o conductas vinculadas a la corrupción administrativa, lo que podría ampliar el alcance del expediente hacia responsabilidades estatales de mayor jerarquía.

A más de siete meses de la primera alerta de la ANMAT, la causa ya expuso fallas estructurales profundas: deficiencias en la fabricación y el control de medicamentos, ausencia de trazabilidad de los lotes e irregularidades graves en historias clínicas y certificados de defunción, tanto en el sistema público como en el privado.

Un caso testigo para la industria farmacéutica y la gobernanza sanitaria

Con la reanudación plena de la actividad judicial, febrero será clave para saber si el expediente del fentanilo mortal se encamina hacia un juicio oral que siente precedentes en materia de responsabilidad empresarial y control estatal en el sector farmacéutico, o si queda atrapado en recursos y planteos que dilaten una respuesta penal frente a un episodio que ya se investiga como la muerte evitable de 173 pacientes en el corazón mismo del sistema de salud argentino.

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