El Senado dio media sanción a una reforma de la ley de salud mental que modifica las condiciones de internación, la integración de los equipos profesionales y la participación de familiares en las decisiones de atención. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 21 negativos en general y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento.

El acuerdo requirió negociaciones de último momento sobre dos puntos centrales para su implementación: el lugar de los psicólogos en los equipos interdisciplinarios y el financiamiento de los servicios provinciales. El texto conserva la prohibición de prácticas manicomiales e incorpora dispositivos ambulatorios, domiciliarios y comunitarios.

Internaciones: cambios en los criterios y en la evaluación profesional

La reforma propone modificar el criterio para las internaciones involuntarias. Durante el debate, Ivanna Arrascaeta, presidenta de la Comisión de Salud, sintetizó el enfoque oficialista: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

En cuanto a los profesionales intervinientes, el proyecto contempla la participación de un médico, preferentemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con otro firmante. La negociación incorporó la intervención de psicólogos en la evaluación y en una eventual alta.

El texto también prevé la posibilidad de utilizar teleconsulta en lugares con menor disponibilidad de personal especializado. La medida busca responder a diferencias territoriales en el acceso a profesionales.

Estos cambios forman parte de una propuesta legislativa: la aprobación del Senado no los convierte, por sí sola, en reglas vigentes.

Financiamiento federal: una de las principales discusiones

La disponibilidad de recursos atravesó el debate. Guillermo Andrada cuestionó que se modificara el marco legal sin resolver las limitaciones de implementación y sostuvo: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”.

También hubo objeciones de otros senadores sobre las partidas necesarias. Frente a esos reclamos, el oficialismo aceptó incorporar el financiamiento federal y hacer más explícito el articulado relacionado con los fondos.

La discusión expuso dos posiciones: quienes consideran necesario actualizar las herramientas de intervención y quienes señalan que los problemas de la atención también responden a recursos insuficientes.

Patricia Bullrich (en la imagen principal), jefa del bloque oficialista, defendió la participación de psiquiatras y psicólogos. “Son dos miradas o formas de encarar el problema, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, afirmó.

Familiares, apoyos estatales y decisiones anticipadas

El proyecto delimita la intervención familiar a padres o hijos y mantiene la participación de representantes legales, cónyuges y convivientes. Cuando no aparezcan responsables, explicita la obligación del Estado de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

También habilita el derecho a consentir o rechazar tratamientos de manera anticipada y a designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. El texto contempla una excepción ante riesgo grave para la vida.

La propuesta incorpora, además, un plan de egreso con objetivos y seguimiento. Esa previsión vincula las decisiones de internación con la continuidad posterior de la atención.

Atención diferenciada para niños y adolescentes

La reforma establece equipos y dispositivos infantojuveniles diferenciados de los destinados a adultos. Incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad.

Una eventual internación de menores en unidades de adultos queda restringida a situaciones de imposibilidad acreditada de otra alternativa y por el tiempo mínimo indispensable. El objetivo del articulado es distinguir las necesidades de atención según la etapa de la vida.

Adicciones y dispositivos fuera de la internación

La iniciativa amplía el concepto de adicciones para incluir problemáticas como la ludopatía. De ese modo, extiende el alcance del abordaje más allá de los consumos de sustancias.

Junto con la prohibición de prácticas manicomiales, el proyecto contempla atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. La continuidad asistencial aparece así vinculada con una oferta de dispositivos que no se limita a la hospitalización.

El tratamiento en Diputados será el próximo paso para una reforma que reúne cambios clínicos, organizativos y de financiamiento, con implicancias para la composición de los equipos y la red de servicios de salud mental.

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