«En los últimos años, el Ministerio de Salud creció mucho para que las provincias pudiesen venir, pedir un equipo, pedir que le pongan un hospital o comprar medicamentos. Las consecuencias después de tantos años de este despilfarro son que no tenemos sistema público».

Lugones también cuestionó la ineficiencia previa en la gestión de los hospitales públicos. «El Garrahan tiene 550 camas y trabajan 6.400 personas. Se dice que el hospital está desfinanciado, pero tiene un presupuesto de US$ 220 millones para este año. El Garrahan es referente en la región, hay que lograr que siga funcionando y que funcione cada vez mejor. Pero hay que poner las cosas arriba de la mesa y decir cómo son».

Luego, se refirió a la falta de transparencia que había en la compra de medicamentos. «Les cuento que en algunos de los hospitales el omeprazol lo compraban a 496% más que si fuesen a la farmacia. Y lo compraban ustedes como un personal cualquiera. Nosotros no vamos a meternos con los precios. Vamos a meternos con las cosas que oculten y que dificulten a que la gente pueda elegir bien».

“Nosotros somos disruptivos, venimos a hacer transformaciones, y necesitamos el apoyo de ustedes para poder seguir haciéndolas, así que les pido que nos ayuden, que estemos juntos, que estemos cerca. Sepan que venimos a cambiar, no queremos más de lo mismo. Nuestra misión es modificar el sistema, poner blanco sobre negro, dejar de ser hipócritas, decir la verdad”.

El VII Congreso de Salud Adecra + Cedim 2025 es un punto de encuentro anual para líderes, profesionales y expertos del sector salud en Argentina. A través de conferencias, paneles y debates, durante esta séptima edición se exploraron temas clave como la transformación digital, la gestión del cambio y la humanización de la atención médica.

En la jornada, destacados referentes del sector compartieron sus experiencias y visiones sobre los desafíos actuales. Y las oportunidades que presenta la gestión eficiente, el liderazgo en tiempos de cambio, la innovación centrada en el paciente y los desafíos y oportunidades en el sistema de salud.

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Es porque en diciembre vence la resolución que ampara transitoriamente a los establecimientos de salud de ser ejecutados por el Estado por deudas fiscales.

De no renovarse, al menos cinco mil en sanatorios todo el país quedarán al borde del embargo.

Así lo advirtieron desde Adecra+Cedim, cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada.

Entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio.

“Alertamos sobre la crítica situación que, de no resolverse, pondría en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas”.

La entidad subrayó “el delicado panorama del sector, que arrastra desde hace décadas un deterioro económico-financiero”.

Y remarcó “la necesidad de medidas para una salida ordenada de la crisis”.

El 31 de diciembre perderá vigencia la Resolución 617/2024 que suspende temporalmente “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares” del Estado.

Frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años.

Bajo el “paraguas” de la Ley de Emergencia Sanitaria, que caducó a fin de año pasado.

Existen 25.000 instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes).

Al menos cinco mil sanatorios ya se detectaron por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y podrían embargarse a partir de esa fecha.

Esto significa también que cerca de 300.000 trabajadores del sector correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo.

Y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse.

Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado.

Lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario.

La problemática que se plantea es el corolario de una crisis de largo arrastre.

Los prestadores de salud privada en su conjunto atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina.

Entre afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga.

Y “vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia”.

“Flagelo del que aún hoy no se pudo recomponer el capital de trabajo”.

El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones pusieron en jaque a las instituciones.

“Tal como dimos a conocer a la opinión pública en varias oportunidades, en 2002 el sector entró en Emergencia Sanitaria”.

“Y desde ese entonces, se convirtió en un sector subsidiado”.

“Ya que ningún gobierno de turno pudo o supo resolver sus problemas estructurales”, alertó Adecra+Cedim.

En diciembre de 2023, con la desregulación de la economía, la Emergencia cayó.

Y los prestadores perdieron las medidas de alivio económico que venían recibiendo desde 2020.

El sector se encuentra actualmente transitando una suerte de “pandemia económica”.

“Sin medidas de asistencia y sin tampoco poder encontrar caminos hacia la sustentabilidad económica, como debería ser”.

Y además “ahora con numerosas instituciones al borde de la quiebra”.

En el marco de la Ley Bases, existe un plan de pagos extraordinario para que las instituciones puedan saldar sus pasivos.

Pero “esto resulta insuficiente para un sector que debe décadas de contribuciones patronales y otras deudas fiscales”.

“Y que tiene dificultades, incluso, para pagar sus obligaciones corrientes mensuales”.

Además, en caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar millones de pesos de adelanto, sumado a las cuotas mensuales del plan.

“Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales”, afirmó la entidad.

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