El expediente, que tramita en el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata a cargo del juez Ernesto Kreplak, deja atrás una etapa centrada en la recolección pericial y se encamina hacia definiciones de fondo que pueden convertir el caso en el proceso penal sanitario más grave de la historia argentina, o bien empantanarlo en una prolongada disputa procesal.

La Cámara Federal ante los 14 procesamientos y un salto de 20 a 52 muertes vinculadas

El principal foco de atención tras la feria será la decisión de la Cámara Federal de La Plata sobre los procesamientos dictados por Kreplak contra 14 directivos y responsables de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo adulterado. Aunque la causa investiga 173 muertes, los procesamientos actuales les atribuyen 20 fallecimientos concretos, en función de la evidencia disponible al momento de la resolución.

Las defensas apelaron la decisión y cuestionan la calificación legal, la aplicación del dolo eventual y el nexo causal entre el medicamento contaminado y los decesos. En paralelo, nuevas pericias del Cuerpo Médico Forense ya elevaron a 52 las muertes vinculadas al fentanilo de HLB Pharma, sobre un total de 77 historias clínicas peritadas de las 173 investigadas, una cifra que podría seguir aumentando a medida que se analicen los casos restantes.

La Cámara deberá decidir si confirma, modifica o revoca los procesamientos. Una confirmación consolidaría la hipótesis central de Kreplak: que existió una adulteración dolosa de sustancias medicinales, en un contexto de incumplimientos sistemáticos de normas de fabricación y conocimiento del riesgo sanitario. Un cambio de criterio obligaría a reordenar el expediente y podría demorar su eventual elevación a juicio oral.

Prisiones domiciliarias y una defensa de alto perfil: señales políticas y simbólicas

Otro eje sensible es el de las medidas de detención. El juez Kreplak ya rechazó los pedidos de prisión domiciliaria de Diego García —hermano de Ariel García, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo— y de Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura, quienes habían alegado problemas de salud y situaciones familiares graves.

Ahora será la Cámara Federal la que defina si confirma ese criterio o concede el beneficio, en una causa donde se investigan 173 muertes y cualquier flexibilización será observada “con lupa” por familiares de las víctimas y la opinión pública. En paralelo, la causa registró un movimiento relevante en el plano político?judicial: Diego García volvió a cambiar de abogados defensores. Tras la renuncia de Marcos Aldazábal y Elizabeth Gómez Alcorta, el imputado designó a Diego Storto y Elizabeth Nancy Lires, penalistas especializados en la defensa de acusados de alto perfil, conocidos por representar en 2006 al uruguayo Mario Vitette Sellanes, sindicado como cerebro del “Robo del Siglo”, caso en el que diseñaron la estrategia que derivó en su expulsión del país.

Si la Cámara confirma la calificación propuesta por Kreplak, los imputados podrían enfrentar penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva por adulteración dolosa de medicamentos con resultado de muerte, una de las figuras más graves previstas en el Código Penal.

ANMAT, INAME y el rol del Estado bajo la lupa

La causa también avanza sobre el rol de los organismos de control. El juez Kreplak ordenó allanamientos en la ANMAT y en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), ambos dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, con secuestro de documentación, computadoras y teléfonos celulares, y dejó abierta la investigación sobre funcionarios públicos responsables de la fiscalización de los laboratorios.

En sus resoluciones, el magistrado sostuvo que los organismos regulatorios advirtieron de manera clara y reiterada las graves irregularidades, pero que esas alertas fueron desoídas por los directivos de los laboratorios, que continuaron produciendo y liberando lotes de fentanilo sin garantías básicas de seguridad. La Fiscalía, sin embargo, fue más allá y pidió investigar si hubo omisiones dolosas, connivencia o conductas vinculadas a la corrupción administrativa, lo que podría ampliar el alcance del expediente hacia responsabilidades estatales de mayor jerarquía.

A más de siete meses de la primera alerta de la ANMAT, la causa ya expuso fallas estructurales profundas: deficiencias en la fabricación y el control de medicamentos, ausencia de trazabilidad de los lotes e irregularidades graves en historias clínicas y certificados de defunción, tanto en el sistema público como en el privado.

Un caso testigo para la industria farmacéutica y la gobernanza sanitaria

Con la reanudación plena de la actividad judicial, febrero será clave para saber si el expediente del fentanilo mortal se encamina hacia un juicio oral que siente precedentes en materia de responsabilidad empresarial y control estatal en el sector farmacéutico, o si queda atrapado en recursos y planteos que dilaten una respuesta penal frente a un episodio que ya se investiga como la muerte evitable de 173 pacientes en el corazón mismo del sistema de salud argentino.

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