Tras obtener dictamen favorable en Diputados para adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Gobierno decidió congelar la votación en el recinto y atar ese paso clave de la reforma de propiedad intelectual a una definición previa de Washington sobre el esquema arancelario acordado con Estados Unidos.

La Casa Rosada quiere que se confirme un arancel general del 10% para la Argentina y la eliminación recíproca de gravámenes sobre 1675 productos antes de avanzar con la ratificación definitiva, en un escenario que mantiene en tensión a laboratorios nacionales y multinacionales.

Qué decidió el Gobierno y por qué condiciona el PCT al acuerdo con EE.UU.

Pese a contar con dictamen de mayoría en las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria, el oficialismo resolvió no llevar todavía al recinto la ratificación del PCT. El tratado debía haber sido aprobado antes del 30 de abril, según el cronograma acordado por Javier Milei y Donald Trump cuando firmaron el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) en febrero. Las “dificultades legislativas locales” y la incertidumbre judicial en Estados Unidos demoraron ese compromiso.

Mientras tanto, Washington ya retiró a la Argentina de la Priority Watch List, la lista de países observados por deficiencias en propiedad intelectual, tras concluir una investigación sobre “prácticas que distorsionan el comercio”. Como resultado, la administración norteamericana resolvió mantener para la Argentina “un arancel general del 10%, en línea con lo previsto en el acuerdo”, decisión que fue publicada de manera provisoria en el Federal Register por 30 días para recibir comentarios.

Si el cronograma se cumple, la medida quedará firme antes de fin de julio y comenzará a regir a principios de agosto. La expectativa del Gobierno argentino es que esa resolución también incluya “la eliminación de los aranceles recíprocos para 1.675 productos nacionales de distintos sectores productivos”. “Con cualquier esquema legal la Argentina termina pagando un arancel del 10%, mientras que Brasil llegó a enfrentar un 50% y ahora quedaría en 37,5%”, sintetizó “un referente del Poder Ejecutivo”, que ve el escenario como relativamente favorable para la competitividad local.

Motivos de la cautela: fallos contra los aranceles de emergencia de Trump

La prudencia oficial está ligada al frente judicial abierto en Estados Unidos. La Corte Suprema norteamericana declaró ilegales los aranceles impuestos por Trump al considerar que el presidente había excedido las facultades que le otorgaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Luego, la Corte de Comercio Internacional observó los aranceles de emergencia que el gobierno había aplicado por 150 días.

En ese contexto, el Ejecutivo argentino prefiere esperar a que se consolide el nuevo esquema de aranceles antes de desbloquear el resto de compromisos del ARTI, entre ellos la adhesión al PCT. En paralelo, destaca que se avanzó en otras piezas de la agenda de propiedad intelectual, como la derogación de la resolución conjunta que restringía el patentamiento de desarrollos biotecnológicos. “Al igual que ocurre con el sector farmacéutico, estas son cuestiones sustantivas sobre qué puede o no patentarse y que tienen tanto o más impacto que los aspectos procedimentales”, explicó al diario La Nación un funcionario involucrado en las negociaciones.

Diseño del PCT y cambios propuestos: más plazo, menos costo

El objetivo del PCT es integrar a la Argentina al principal sistema internacional de cooperación en materia de patentes. Hoy es el único país del G20 que permanece fuera del acuerdo y uno de los pocos de la región que todavía no adhirió. Según el Gobierno, la ratificación “simplificaría y reduciría significativamente los costos del registro internacional de patentes”.

Actualmente, un inventor argentino dispone de 12 meses para decidir en qué países protegerá su invención. Con el PCT, ese plazo se extendería a 30 meses, otorgando más tiempo para conseguir financiamiento, analizar mercados y definir una estrategia comercial antes de afrontar los costos de protección internacional. Además, el trámite podría iniciarse directamente desde la Argentina, a través del INPI, sin necesidad de recurrir a oficinas extranjeras, y en algunos casos los costos internacionales “podrían reducirse hasta un 90%”.

El impacto sería especialmente relevante para el sector agropecuario —por desarrollos vinculados a semillas y biotecnología— y el farmacéutico, dos áreas con alta intensidad de patentes y fuerte proyección exportadora.

Qué se discute en el Capítulo II y por qué los laboratorios locales se oponen

La principal modificación introducida en el dictamen de Diputados incorpora una reserva sobre el Capítulo II del PCT, uno de los puntos más cuestionados por la industria farmacéutica nacional. Ese apartado habilita al INPI a utilizar “informes técnicos no vinculantes” elaborados por oficinas de patentes extranjeras para analizar solicitudes de registro, algo que los laboratorios locales miran con recelo.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), principal opositora al proyecto, sostiene que esos informes “podrían terminar condicionando las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que actualmente son rechazadas por la legislación argentina”.

Entre sus preocupaciones aparece el riesgo de facilitar el llamado evergreening: la práctica mediante la cual grandes compañías extienden la vigencia de sus patentes introduciendo modificaciones menores sobre medicamentos existentes —por ejemplo, cambiar una formulación oral por una inyectable— para mantener la exclusividad.

Según los laboratorios nacionales, una mayor influencia de criterios internacionales podría favorecer ese mecanismo, “reducir la competencia de medicamentos genéricos y encarecer los precios” en el mercado interno. Como antecedente, recuerdan que India incorporó una exigencia específica para admitir este tipo de patentes: demostrar una “eficacia terapéutica mejorada”.

Con ese mismo objetivo, impulsaron que la adhesión argentina incluya reservas “siguiendo un esquema similar al adoptado por Uruguay”, a fin de preservar la capacidad del país de aplicar criterios propios sobre patentabilidad.

Consecuencias para la industria farmacéutica y el ecosistema de innovación

Mientras el texto del PCT quedó listo para ser votado —con 57 firmas en el despacho de mayoría y apoyo de La Libertad Avanza y bloques aliados—, el regreso del proyecto al Senado será inevitable si se mantiene la reserva sobre el Capítulo II, lo que implica más tiempos políticos para una reforma que la comunidad innovadora considera clave y que el sector farmacéutico local observa con preocupación.

En paralelo, la combinación de un arancel general del 10% hacia Estados Unidos, la posible eliminación de gravámenes sobre 1675 productos argentinos y la revisión de criterios de patentabilidad en biotecnología y fármacos reconfigura el tablero competitivo para laboratorios nacionales y multinacionales: de cómo se alineen el ARTI, el PCT y las nuevas guías de patentes dependerá buena parte de la estrategia de inversión, acceso a genéricos y fijación de precios en la industria farmacéutica argentina en los próximos años.

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