La propuesta busca fortalecer la autonomía sanitaria del bloque, reducir el creciente déficit comercial del sector. Y posicionar a la región como un actor relevante en la elaboración de biosimilares, vacunas e ingredientes farmacéuticos activos.

La integración farmacéutica surge como respuesta a un diagnóstico compartido por los países miembros. Expone una elevada dependencia de importaciones de IFAs y medicamentos complejos. Así como capacidades productivas dispersas y una inserción exportadora todavía limitada frente al dominio global que ejercen India y China en la provisión de insumos críticos.

El mercado farmacéutico latinoamericano, estimado en US$ 93.100 millones en 2024, continúa liderado por Brasil. Pero el bloque mantiene una participación marginal en innovación y desarrollo tecnológico avanzado. El documento base del proyecto revela que el Mercosur enfrenta un déficit comercial creciente en productos farmacéuticos. Y que la región depende en gran medida de insumos importados para sostener la producción local.

Si bien existen capacidades científicas y regulatorias consolidadas en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, estas se encuentran fragmentadas. Y sin un marco de articulación que permita aprovecharlas en conjunto.

Las autoridades que impulsan la iniciativa señalan que la baja inserción exportadora se explica en parte por la falta de un entramado productivo regional integrado. Lo que limita la competitividad frente a los grandes productores globales. Asimismo, destacan que el vencimiento de patentes de biológicos de primera generación y el crecimiento sostenido de la demanda de biosimilares abren una ventana de oportunidad. Para que el Mercosur se posicione como un polo de fabricación de alta complejidad.

El proyecto de Integración farmacéutica propone articular las capacidades nacionales mediante una estrategia de especialización inteligente. Argentina aportaría su liderazgo en biosimilares y ensayos clínicos, mientras que Brasil, su escala industrial y su infraestructura científico-tecnológica. Por su parte, Paraguay, el dinamismo de su industria local y sus costos competitivos, y Uruguay, su fortaleza regulatoria y su inserción en redes internacionales.

El objetivo general es construir un sistema integrado y sostenible para producir IFAs, vacunas y biosimilares. Con metas específicas que incluyen expandir la producción regional, crear un programa de compras públicas del Mercosur. Además de instalar una red de ensayos clínicos multicéntricos y movilizar financiamiento conjunto por medio de instituciones como el Bndes, el Focem, Fonplata y el BID.

La propuesta contempla cinco líneas de acción para consolidar una política industrial regional en salud. Entre ellas se destacan la creación de un consorcio regional de laboratorios y la definición de una cartera común de medicamentos estratégicos. Además, incentivos fiscales, formación de recursos humanos especializados y la vinculación con iniciativas globales como el G20.

Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, envió un mensaje contundente en apoyo a la iniciativa. Subrayó que la autonomía sanitaria de América Latina es un asunto estratégico de primer orden. Y que la pandemia demostró la necesidad urgente de producir más y comprar más dentro de la región.

Barbosa recordó que el Fondo Rotatorio de la OPS es una herramienta única a nivel global. Y que en apenas dos años la producción regional pasó de cubrir el 1,5% al 23% del volumen total adquirido por este mecanismo. Las proyecciones indican que hasta un 40% del volumen y 65% del valor de las vacunas podrían provenir de la producción regional si se consolida una estrategia articulada.

El funcionario enfatizó que la producción de biológicos, biosimilares y principios activos es indispensable para reducir la dependencia externa. Y que este proyecto no debe entenderse solamente como una iniciativa sanitaria, sino como una agenda industrial, tecnológica y de empleo.

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Del 26 al 29 de mayo de 2025, Bogotá se convirtió en el epicentro del debate farmacéutico latinoamericano al ser sede de la XLVI Asamblea Anual de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR) y del Foro Latinoamericano de la Industria Farmacéutica.

Estos eventos congregaron a representantes gubernamentales, agencias regulatorias, asociaciones industriales, expertos en salud pública y académicos para analizar los desafíos y oportunidades del sector en la región.

En este contexto, la Asociación Nacional de Industrias Farmacéuticas (ASINFAR) lideró las discusiones sobre temas clave como la autonomía sanitaria, el fortalecimiento de la producción local de medicamentos e insumos estratégicos, la protección de la propiedad intelectual en un marco que fomente la innovación y el acceso, y el impulso a la investigación y desarrollo farmacéutico.

Carlos Francisco Fernández, médico, periodista y Presidente Ejecutivo de ASINFAR, subrayó que “este es un momento clave para repensar el modelo farmacéutico regional con una mirada de soberanía, sostenibilidad y salud pública. Que Bogotá sea la sede de esta conversación es un reconocimiento a la relevancia creciente del sector colombiano en el contexto latinoamericano”.

También estuvo presente representado a la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), su Director Ejecutivo, Eduardo Franciosi que estuvo en la inauguración del Foro junto al Ministro de Salud de Colombia, el médico cirujano Guillermo Jaramillo.

La industria farmacéutica colombiana juega un papel fundamental en la economía nacional, representando el 12.2% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 1.5% del PIB total del país. En 2023, el sector alcanzó ventas por 24.6 billones de pesos colombianos, con un crecimiento del 8.48% respecto a 2022. Además, la producción nacional cubre aproximadamente el 75% de las unidades de medicamentos consumidas en Colombia, lo que evidencia la importancia de la industria local para garantizar el acceso a productos esenciales.

El sector genera más de 60 mil empleos directos y cuenta con 98 plantas de producción certificadas bajo Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), asegurando calidad y seguridad en sus productos.

ASINFAR ha impulsado una agenda estratégica para consolidar una Política Industrial Farmacéutica integral que garantice la autonomía sanitaria de Colombia, alineada con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Entre los logros destacados están la formulación del documento CONPES de Política Farmacéutica, la promulgación de la Ley de Autonomía Sanitaria y la expedición de la primera Licencia Obligatoria en Colombia por razones de interés público, mecanismo clave para asegurar el acceso a medicamentos a precios asequibles.

El fortalecimiento de la industria farmacéutica colombiana no solo responde a una estrategia económica, sino a una necesidad sanitaria urgente. La pandemia de COVID-19 evidenció la vulnerabilidad de países dependientes de importaciones para medicamentos e insumos médicos, poniendo en riesgo la salud pública y la estabilidad financiera de los sistemas de salud.

Por ello, Colombia avanza hacia un modelo que priorice la producción local de medicamentos esenciales y estratégicos, reduciendo su exposición a las fluctuaciones del mercado internacional y posibles interrupciones en las cadenas globales de suministro.

En suma, el Foro Latinoamericano y la Asamblea de ALIFAR en Bogotá representan una oportunidad decisiva para consolidar una industria farmacéutica regional más soberana, sostenible y equitativa, con Colombia como actor estratégico y motor de cambio en América Latina.

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El pronunciamiento forma parte de los contenidos de la Declaración de Bogotá que se suscribió tras la XLVI Asamblea Anual de Alifar que se realizó en la capital colombiana. De la misma participó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa).

Allí, Alifar reafirmó la importancia estratégica de consolidar una plataforma industrial robusta en América Latina. Con crecientes capacidades de innovación, tecnología y producción.

“Esta base no solo garantiza el acceso sostenido a medicamentos en nuestros países, sino que también permite abastecer con estándares de calidad a otras regiones. Incluyendo economías desarrolladas”.

Asimismo, se propuso a los gobiernos de la región a escalar sus programas de financiamiento productivo. Promoviendo así inversiones en investigación, desarrollo e innovación equipamiento, infraestructura y tecnología. Para impulsar la modernización de las industrias farmacéuticas nacionales.

En la misma línea, la entidad subrayó el valor estratégico de las industrias farmacéuticas locales al momento de definir políticas de salud pública. Destacando su papel en la autonomía sanitaria, la capacidad de respuesta ante emergencias y la producción nacional de principios activos, insumos y medicamentos.

Por eso expresó “su profunda preocupación frente a los efectos de la política arancelaria del gobierno de los EEUU, enmarcada en su doctrina America First. Esta orientación puede elevar los costos de materias primas e insumos estratégicos y generar disrupciones en las cadenas globales de suministro. Así como incrementar la incertidumbre regulatoria, afectando la competitividad, la planificación y la sostenibilidad del sector farmacéutico regional”.

Por otra parte, Alifar instó a revisar críticamente las decisiones que promueven una adhesión irrestricta a tratados como el Patent Cooperation Treaty (PCT). “En lugar de estimular la investigación y el desarrollo locales, fomentan la proliferación de patentes sin evaluación rigurosa y limitan la competencia”.

En consecuencia, pidió a las autoridades regulatorias latinoamericanas a avanzar en procesos de convergencia regulatoria regional. Y a optimizar los tiempos para la aprobación de registros sanitarios.

Asimismo alertó “sobre políticas públicas que promueven la creación de sociedades estatales para la producción de medicamentos. Podrían distorsionar la libre competencia,  generando gastos innecesarios y comprometiendo recursos fiscales en proyectos de baja eficiencia”.

Además, propuso realizar un seguimiento técnico y permanente de los efectos de la orden ejecutiva del gobierno de los EEUU de “ofrecer a los pacientes estadounidenses precios de medicamentos recetados de la nación más favorecida”. Debido a su potencial impacto sobre los precios y el abastecimiento de medicamentos en los países en desarrollo.

Además, alertó a las autoridades sanitarias de la región sobre los riesgos de adjudicar compras públicas a proveedores extranjeros sin registro sanitario ni verificación de calidad, seguridad o cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. “Lo cual representa un riesgo para la salud pública”.

En otro orden, la Asociación ratificó la necesidad de contar con regulaciones de propiedad intelectual equilibradas. “Que aprovechen plenamente las flexibilidades del marco internacional para promover el desarrollo regional y garantizar el acceso equitativo a nuevos tratamientos”.

En esa línea, celebró los procesos de revisión de políticas de propiedad intelectual que adelantan gobiernos de países desarrollados, particularmente Estados Unidos. En la búsqueda de mayor competencia, acceso oportuno y eliminación de prácticas abusivas en materia de patentes.

También advirtió sobre la entrada de actores ajenos al sector salud que, mediante modelos digitales no regulados, buscan concentrar el mercado con prácticas monopólicas. Así, “desestructuran el ecosistema farmacéutico y comprometen la trazabilidad, seguridad y acceso a medicamentos”.

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