Tras la preocupación generada por la Resolución 3934 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que limita la cobertura de medicamentos de alto costo a las recetas emitidas por médicos de cartilla, fuentes oficiales aclararon al diario Clarín que la medida “no va sobre lo que ya sucede, sino sobre los nuevos casos. Lo que ya está empezado continuará por los mismos carriles”.

Esta aclaración lleva tranquilidad a los pacientes con prepagas que ya se encuentran en tratamientos con medicamentos de alto costo recetados por profesionales fuera de la cartilla.

La resolución, publicada el lunes en el Boletín Oficial, solo afectará a quienes inicien tratamientos con estos medicamentos, denominados «catastróficos», a partir de ahora.

La inquietud surgió a raíz de una carta enviada por el legislador porteño Hernán Reyes (Coalición Cívica) a la SSS, en la que solicitaba la garantía de continuidad de los tratamientos en curso.

Reyes expresaba la preocupación de “diferentes usuarios” con enfermedades crónicas o graves, cuyos tratamientos son autorizados por períodos cortos o por cantidad de aplicaciones.

La SSS ya había acotado el alcance de la medida el martes, especificando que se aplica a enfermedades oncológicas graves, enfermedades poco frecuentes, trasplantes, atrofia muscular espinal, ELA y enfermedad fibroquística, entre otras.

Según la SSS, la resolución “no representa ninguna modificación en los medicamentos, tratamientos o atención médica de la gran mayoría de los argentinos”.

El trasfondo de esta medida es el problema del financiamiento de los medicamentos de alto costo, que representa un desafío para el sistema de salud.

El Gobierno busca reducir la conflictividad judicial en torno a la cobertura de estos medicamentos, aunque la efectividad de la medida aún es incierta.

Un factor clave es el debilitado Fondo Solidario de Redistribución, que se utiliza principalmente para cubrir gastos de discapacidad, dejando menos recursos para el reembolso de medicamentos de alto costo.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, prioriza la sostenibilidad del sistema de salud, lo que puede generar tensiones con el derecho a la salud de los pacientes que requieren medicamentos costosos.

La resolución se presenta como una medida paliativa y transitoria hasta la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que se encargará de determinar la cobertura de medicamentos y tratamientos, buscando un equilibrio entre los derechos individuales y colectivos.

Fuente: Clarín

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