«En los últimos años, el Ministerio de Salud creció mucho para que las provincias pudiesen venir, pedir un equipo, pedir que le pongan un hospital o comprar medicamentos. Las consecuencias después de tantos años de este despilfarro son que no tenemos sistema público».

Lugones también cuestionó la ineficiencia previa en la gestión de los hospitales públicos. «El Garrahan tiene 550 camas y trabajan 6.400 personas. Se dice que el hospital está desfinanciado, pero tiene un presupuesto de US$ 220 millones para este año. El Garrahan es referente en la región, hay que lograr que siga funcionando y que funcione cada vez mejor. Pero hay que poner las cosas arriba de la mesa y decir cómo son».

Luego, se refirió a la falta de transparencia que había en la compra de medicamentos. «Les cuento que en algunos de los hospitales el omeprazol lo compraban a 496% más que si fuesen a la farmacia. Y lo compraban ustedes como un personal cualquiera. Nosotros no vamos a meternos con los precios. Vamos a meternos con las cosas que oculten y que dificulten a que la gente pueda elegir bien».

“Nosotros somos disruptivos, venimos a hacer transformaciones, y necesitamos el apoyo de ustedes para poder seguir haciéndolas, así que les pido que nos ayuden, que estemos juntos, que estemos cerca. Sepan que venimos a cambiar, no queremos más de lo mismo. Nuestra misión es modificar el sistema, poner blanco sobre negro, dejar de ser hipócritas, decir la verdad”.

El VII Congreso de Salud Adecra + Cedim 2025 es un punto de encuentro anual para líderes, profesionales y expertos del sector salud en Argentina. A través de conferencias, paneles y debates, durante esta séptima edición se exploraron temas clave como la transformación digital, la gestión del cambio y la humanización de la atención médica.

En la jornada, destacados referentes del sector compartieron sus experiencias y visiones sobre los desafíos actuales. Y las oportunidades que presenta la gestión eficiente, el liderazgo en tiempos de cambio, la innovación centrada en el paciente y los desafíos y oportunidades en el sistema de salud.

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Es porque en diciembre vence la resolución que ampara transitoriamente a los establecimientos de salud de ser ejecutados por el Estado por deudas fiscales.

De no renovarse, al menos cinco mil en sanatorios todo el país quedarán al borde del embargo.

Así lo advirtieron desde Adecra+Cedim, cámara nacional que nuclea a más de 400 instituciones de salud privada.

Entre clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios y centros de diagnóstico y tratamiento ambulatorio.

“Alertamos sobre la crítica situación que, de no resolverse, pondría en peligro la atención de miles de centros de salud en cuestión de semanas”.

La entidad subrayó “el delicado panorama del sector, que arrastra desde hace décadas un deterioro económico-financiero”.

Y remarcó “la necesidad de medidas para una salida ordenada de la crisis”.

El 31 de diciembre perderá vigencia la Resolución 617/2024 que suspende temporalmente “el inicio de los juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares” del Estado.

Frente a las deudas tributarias que los prestadores contrajeron durante más de 20 años.

Bajo el “paraguas” de la Ley de Emergencia Sanitaria, que caducó a fin de año pasado.

Existen 25.000 instituciones inscriptas en todo el país, según el Registro Federal de Establecimientos de Salud (Refes).

Al menos cinco mil sanatorios ya se detectaron por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y podrían embargarse a partir de esa fecha.

Esto significa también que cerca de 300.000 trabajadores del sector correrían el riesgo de perder su fuente de trabajo.

Y de percibir sus haberes mínimos al momento de jubilarse.

Asimismo, el sector de la salud pública, lógicamente, no estaría en condiciones de absorber la demanda de atención que dejaría el sector privado.

Lo que pondría en seria tensión al sistema sanitario.

La problemática que se plantea es el corolario de una crisis de largo arrastre.

Los prestadores de salud privada en su conjunto atienden la salud de más de 30 millones de personas en Argentina.

Entre afiliadas a PAMI, obras sociales nacionales y provinciales, y empresas de medicina prepaga.

Y “vienen sufriendo un lento y continuo deterioro económico-financiero, que se agudizó en pandemia”.

“Flagelo del que aún hoy no se pudo recomponer el capital de trabajo”.

El congelamiento de los aranceles durante 2020 (en plena pandemia), la inflación y las sucesivas devaluaciones pusieron en jaque a las instituciones.

“Tal como dimos a conocer a la opinión pública en varias oportunidades, en 2002 el sector entró en Emergencia Sanitaria”.

“Y desde ese entonces, se convirtió en un sector subsidiado”.

“Ya que ningún gobierno de turno pudo o supo resolver sus problemas estructurales”, alertó Adecra+Cedim.

En diciembre de 2023, con la desregulación de la economía, la Emergencia cayó.

Y los prestadores perdieron las medidas de alivio económico que venían recibiendo desde 2020.

El sector se encuentra actualmente transitando una suerte de “pandemia económica”.

“Sin medidas de asistencia y sin tampoco poder encontrar caminos hacia la sustentabilidad económica, como debería ser”.

Y además “ahora con numerosas instituciones al borde de la quiebra”.

En el marco de la Ley Bases, existe un plan de pagos extraordinario para que las instituciones puedan saldar sus pasivos.

Pero “esto resulta insuficiente para un sector que debe décadas de contribuciones patronales y otras deudas fiscales”.

“Y que tiene dificultades, incluso, para pagar sus obligaciones corrientes mensuales”.

Además, en caso de querer acceder, las instituciones deberían abonar millones de pesos de adelanto, sumado a las cuotas mensuales del plan.

“Stock de deuda más flujo de fondos futuros es, literalmente, imposible de afrontar en las condiciones actuales”, afirmó la entidad.

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El pasado 28 de mayo, el gremio de la sanidad y casi la totalidad de las cámaras acordaron un aumento de sueldo.

Para los meses de mayo, junio y julio que ya homologó la Secretaría de Trabajo.

Las cámaras que acordaron agrupan a los principales actores que integran el sistema privado de salud.

Como clínicas, sanatorios, hospitales de comunidad, centros de diagnóstico, odontólogos, especialistas en salud mental.

Sin embargo, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra) se abstuvo de firmar el acuerdo.

El mismo estableció una recomposición de los salarios del 10%, 9% y otro 9% para mayo, junio y julio, respectivamente.

Este acuerdo del orden del 28,8% se suscribió muy a pesar de la situación de quebranto que muchos prestadores del sistema están atravesando.

Pero entendiendo -por sobre todas las cosas- las necesidades innegables que enfrentan los trabajadores de la salud.

Con dificultades por la licuación de sus salarios, los aumentos de precios de la canasta básica y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.

“Como se vino advirtiendo desde la UAS, el conjunto del sistema (prestadores y financiadores) está atravesando, desde hace décadas, un dramático desfinanciamiento”, advirtió la entidad.

“Como consecuencia de las medidas y regulaciones que los sucesivos gobiernos tomaron y que, lejos de mejorarlo, lo fue sumergiendo en una crisis sin precedentes que lo acerca día a día a un escenario de no sustentabilidad”.

Así remarco que “el sector prestacional, particularmente, no tiene ya márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo”.

“Más de 5.000 establecimientos de salud podrán ser plausibles de ejecuciones por parte de la AFIP, a partir de agosto”, aseguró la UAS.

“Como consecuencia de deudas previsionales e impositivas”

“Aunque parezca increíble, y aun cuando se repitió incansablemente, hay instituciones de CABA, provincia de Buenos Aires y de la totalidad del interior del país que en muy poco tiempo no podrán honrar compromisos básicos”.

“Situación que -obviamente- impactará directamente sobre la atención de los pacientes”, subrayó la entidad.

“La ecuación económico-financiera de las entidades está rota y se requieren medidas urgentes para no llegar a límites de los cuales no se podrá volver”.

La UAS puntualizó que “el capital humano es el recurso más importante de este sector”.

“No poder afrontar en tiempo y forma su costo implicará poner en riesgo la continuidad de las instituciones y un empleador que desaparece cambia el eje de la discusión”.

“De mantener el salario real, la preocupación pasa por el drama de mantener el puesto de trabajo”.

Por eso sostuvo que “el Estado debe  ser consciente de la necesidad de apoyar a uno de los sectores más importantes de la sociedad”.

“El que atiende a más del 70% de la población argentina en uno de los temas más sensibles que es la salud”.

“Nos es imposible quedarnos callados frente a la responsabilidad que tenemos con los argentinos que vienen a atenderse a nuestras instituciones y que -de no modificarse urgentemente esta situación- se verán afectados directamente”.

Además indicó que “los problemas del sector privado de salud no son distintos al de las obras sociales en todas sus variantes y al del sector público”.

“Lideramos a un grupo de organizaciones que priorizan sobre todas las cosas el bien común y la continuidad de la existencia del sistema para poder seguir atendiendo a todos los argentinos que confiaron en él”.

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Una crisis que no parece tener fin donde los empresarios y los representantes de los sindicatos no se ponen de acuerdo y el Gobierno interviene para terciar ante la sofocante presión que padece la ciudadanía, los enfermos y los médicos. El sistema de salud privado en Argentina está al borde del colapso no es una novedad pero a esta altura ya parece un milagro que no esté todavía peor.

El sindicato de sanidad que representa el Secretario General de la CGT -un aliado de Sergio Massa, de Cristina Kirchner- ha convocado a paros en clínicas y centros privados de salud para el miércoles, jueves y viernes de esta semana. Las protestas, que consistirán en interrupciones de dos, tres y cuatro horas por turno, buscan presionar por una recomposición salarial tras semanas de infructuosas negociaciones paritarias. La Secretaría de Trabajo ha citado a una audiencia urgente entre la representación gremial, encabezada por Héctor Daer, y las cinco cámaras empresarias firmantes de las paritarias.

El Contexto de la Crisis

El llamado a huelga del sindicato señala a “los empresarios de la salud” como responsables de los problemas en la atención a los pacientes. Esta medida refleja una crisis más profunda en los prestadores del sector privado, que se lamentan por el retraso en los aranceles que reciben de las obras sociales sindicales y provinciales, del PAMI y de las entidades de medicina prepaga. Estas últimas están en medio de un conflicto judicial con el Gobierno, que las obligó a retrotraer aumentos de cuotas que, en cuatro meses, habían acumulado hasta un 165%.

Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), expresa la frustración del sector: “Nuestros precios no están vinculados con nuestros costos, sino con lo que nos imponen los financiadores, que en general son oligopolios u oligopsonios. Estamos recibiendo aumentos de precios de todo tipo, muy por encima de la inflación”. Según el índice de costos de Adecra+Cedim, en 2023 los costos de servicios subieron un 213,1%, mientras que los aranceles cobrados a las prepagas solo aumentaron un 118%.

Impacto en los Pacientes

Los paros en las clínicas se suman a otros problemas que afectan directamente a los pacientes, como las demoras en conseguir turnos, la salida de médicos de las cartillas y el cobro de copagos para recibir atención. Estos son síntomas de problemas estructurales que requieren una revisión profunda.

En cuanto a las obras sociales, las subas de aranceles dependen de la recaudación derivada de los salarios de cada actividad. En las prepagas, las subas están relacionadas con el incremento de las cuotas a los afiliados. Sin embargo, la decisión del Gobierno de frenar las subas elevadas que se daban este año ha generado gran incertidumbre entre los prestadores. “Hay una gran incertidumbre”, comentan desde Adecra.

Costos Descontrolados

Entre los ítems que componen los costos, los insumos médicos registraron el mayor incremento en 2023, con un 645%. El precio de hacer inversiones subió un 274%; los costos laborales, un 151,1%; los insumos no médicos, un 241,2%, y las tarifas de servicios públicos, un 241,4%. En el primer trimestre de 2024, las tarifas de servicios públicos lideraron con una suba de 80%.

Consecuencias a Largo Plazo

El desfase entre costos y aranceles también se refleja en los retrasos en los pagos, que pueden tardar entre 60 y 120 días. Las clínicas, que son electrodependientes, han visto sus facturas de servicios públicos multiplicarse. “Las clínicas somos electrodependientes y hay casos en los que las facturas pasaron de $3 millones a $14 o 15 millones”, advierten Gerardo Figueroa Paredes y Rodolfo Benvenuti de la Cámara de Prestadores de Salud del Conurbano.

La situación ha llevado a una menor formación de médicos en especialidades críticas, lo que afectará progresivamente la calidad de los servicios ofrecidos. Representantes tanto de prestadores como de financiadores insisten en la necesidad de revisar el Plan Médico Obligatorio, cuya canasta de prestaciones exige coberturas sin prever el financiamiento necesario.

Futuro Incierto

El estado de emergencia sanitaria, que permitía a los prestadores no pagar impuestos sin sufrir ejecuciones de la AFIP, terminó a inicios de 2024. Ahora, unos 5000 centros asistenciales podrían ser ejecutados por sus deudas tributarias a partir de agosto, según un relevamiento de la AFIP.

La capacidad del sector público para absorber una mayor demanda de servicios es limitada, especialmente si entidades privadas cierran. Esta crisis pone en evidencia la necesidad urgente de reformas de fondo para un sistema que lleva años en estado crítico.

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