Gobierno envia esta semana reforma a Ley de Salud Mental: internación involuntaria y fin del Órgano de Revisión

El proyecto oficial modifica los artículos más cuestionados de la Ley 26.657, permite internaciones involuntarias por psiquiatras en urgencias, reemplaza el Órgano de Revisión por equipos interdisciplinarios con mayor peso del Ministerio de Salud y busca equiparar el acceso en todo el país ante el colapso de servicios que afecta al 45% de la población con trastornos emocionales.

El Gobierno nacional ultima detalles de un proyecto de ley para modificar la Ley de Salud Mental 26.657, vigente desde hace 15 años, que ingresaría al Congreso esta semana o a más tardar la próxima, según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X: «En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin». El texto, que descansa en el Ministerio de Salud a la espera del dictamen del Ministerio de Justicia, no propone la derogación total de la norma sino ajustes focalizados en los artículos más controvertidos, alineados con lo intentado sin éxito en la Ley Bases.

El ministro de Salud, Mario Lugones, definió junto a Adorni en Casa Rosada los últimos detalles operativos para 2026/2027. Fuentes del equipo de Lugones explican que el proyecto incorpora aportes de ONG de familiares, asociaciones profesionales, el proyecto de la exdiputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y del diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza, Mendoza), relevando «dificultades concretas en la práctica diaria».

El oficialismo en Diputados confía en lograr aprobación con bloques aliados, superando el histórico bloqueo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Martínez, uno de los impulsores, afirmó: «La mayoría entendemos que es un proyecto necesario porque la ley actual tiene muchas falencias y un Estado que llega tarde». Campagnoli había declarado en junio de 2025 que «más del 45% de la población tiene algún tipo de trastorno emocional o psicológico, con una demanda de atención psiquiátrica y psicológica que no para de crecer».

Internación involuntaria: psiquiatras toman decisiones en 24 horas

Uno de los cambios centrales habilita la internación involuntaria como «recurso excepcional» pero ágil: un psiquiatra podrá ordenarla en urgencias ante riesgo de «daño para la vida o la integridad física de la persona o terceros». Un equipo interdisciplinario la ratificará en no más de 24 horas, con notificación judicial en 10 horas y prórroga adicional de hasta 24 horas.

Para internaciones voluntarias, el alta dependerá de la evaluación de la capacidad del paciente; si no procede, con notificación judicial previa se convertirá en involuntaria. El término «padecimiento mental» se reemplazará por «trastornos mentales o del comportamiento», alineado con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), para mayor precisión diagnóstica y respuestas rápidas en emergencias. Fuentes sanitarias destacan que esto habilitará «intervenciones más oportunas y preventivas».

Fin del Órgano de Revisión: más Ministerio de Salud en la supervisión

El controvertido Órgano de Revisión (OR), integrado mayoritariamente por abogados sin expertise clínica, sería sustituido por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con «mayor presencia» de la cartera sanitaria. «El proyecto propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el OR al incorporar áreas técnicas, como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), para fortalecer la supervisión», explican desde el entorno de Lugones.

Profesionales denunciaban que la injerencia legal exponía a pacientes a riesgos mayores al desconocer tratamientos, emergencias y diagnósticos.

Desigualdad territorial: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente

La aplicación desigual de la ley actual genera inequidades: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente, 18 provincias cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. «Uno de los principales problemas es la falta de aplicación homogénea en el país», advierten desde Salud. «Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio».

Hospitales psiquiátricos: de cierre obligatorio a red por niveles de complejidad

La ley impulsó el cierre de hospitales monovalentes psiquiátricos hacia hospitales generales, pero «ese modelo no siempre es viable por las limitaciones de infraestructura, personal y seguridad». Existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas. Episodios graves en hospitales como Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen evidencian fallas en casos complejos.

La propuesta prioriza una red articulada por niveles: hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, comunitarios y residencias asistidas.

Críticas a la implementación: falta de presupuesto y formación

Hugo Cohen, autor de Al margen de la ley de salud mental, sostiene que el problema radica en la aplicación, no en la norma: «La ley careció de presupuesto; faltaron datos, cifras e indicadores que reflejen de manera básica y continua la situación de la salud mental en el país (solo hubo un censo de las personas internadas en instituciones psiquiátricas y se hizo uno solo en 2020)». Recién a fines de 2023 se formó un grupo de universidades para cumplir la obligatoriedad de actualización profesional.

«Muchos profesionales desconocen cómo proceder ante una persona en crisis, lo que colaboró con el falso concepto de que la ley no permite internar», agrega. Esto deja a familias «sin respuesta, que no encuentran dónde pueden ser atendidos sus hijos», por falta de recursos materiales (guardias, camas, centros de rehabilitación) y formación en salud, maestros, fuerzas de seguridad e iglesias.

La reforma a la Ley de Salud Mental se perfila como oportunidad para laboratorios psiquiátricos, proveedores de camas especializadas y plataformas de telemedicina que integren equipos interdisciplinarios, en un mercado donde la demanda insatisfecha supera el 45% de la población y urge infraestructura en regiones desatendidas.