Córdoba endurece sanciones por falta de vacunación: multas y hasta cinco días de arresto
- curecompass
- 28 diciembre, 2025
- Campañas, Gobierno, Salud
- Academia de Medicina del Estado de Río de Janeiro, Código de Convivencia, Córdoba, Destacado, Hugo Pizzi, Mendoza, Ministerio de Salud de la Nación, Portada, Ricardo Pickesteiner, Sociedad Argentina de Pediatría, vacunación
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La provincia sigue el modelo de Mendoza ante el desplome de las tasas de inmunización infantil. Busca elevar el cumplimiento del calendario obligatorio del 74% al 85% y anuncia la compra de 100.000 dosis antigripales adicionales.
Córdoba refuerza controles y penaliza incumplimientos
El gobierno de Córdoba reformará su Código de Convivencia para sancionar a padres, tutores o responsables de menores de 18 años que no acrediten el cumplimiento del calendario obligatorio de vacunación. Las medidas contemplan multas económicas y hasta cinco días de prisión o tareas comunitarias equivalentes, en una decisión que replica la estrategia adoptada por Mendoza tres meses atrás.
El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pickesteiner, explicó que el objetivo es “fortalecer las sanciones” y adelantó que los equipos de vacunación “saldrán masivamente a clubes, escuelas y eventos masivos. Ya lo hacemos con las residencias de mayores y en algunos festivales, pero el objetivo es expandir esta tarea”.
Pickesteiner señaló además que en la provincia el cumplimiento promedio del calendario “alcanza el 74% hasta los 18 meses”, y que la meta sanitaria es llegar al 85%. “Ese es un muy buen número, que permite que no regresen enfermedades erradicadas como la varicela, la tos convulsa o el sarampión”, subrayó.
Estrategia sanitaria con foco en inmunidad colectiva
Como parte del plan, Córdoba comprará 100.000 dosis de vacuna antigripal para inmunizar a niños de entre 2 y 5 años, ampliando la cobertura actual. La medida se da en un contexto nacional de caída generalizada en las coberturas, observado por la Sociedad Argentina de Pediatría, que en 2024 registró que ninguna de las vacunas evaluadas alcanzó la meta del 95% necesaria para mantener la inmunidad colectiva.
El informe reveló que la triple viral, clave para prevenir sarampión, rubéola y paperas, cayó de una cobertura del 90% (entre 2015 y 2019) al 46% en 2024. Ante este panorama, Mendoza fue la primera provincia en tipificar el incumplimiento del calendario como una contravención judicializable, medida que produjo un efecto inmediato: 70 familias acudieron a vacunarse tras las primeras citaciones judiciales.
“Necesidad de actuar” frente a la desinformación
Pickesteiner reconoció que “después de la pandemia del Covid-19 se inició un movimiento de rechazo a las vacunas que alcanzó incluso las del calendario obligatorio”. Y enfatizó: “Las vacunas salvan vidas y mejoran la calidad de vida. No vacunarse implica un riesgo individual y colectivo, porque se expone al otro, los sanitariamente vulnerables, a los mayores”.
El ministro calificó como “un papelón, un circo sin sentido” el reciente evento antivacunas organizado por la diputada Marilú Quiroz (Pro, Chaco) en el Congreso, que incluyó ponencias de los médicos Oscar Botta y Viviana Lens, ambos ligados al movimiento Médicos por la Verdad.
En respuesta, el Ministerio de Salud de la Nación, junto con sus pares provinciales, reiteró en un comunicado que “las vacunas del calendario son herramientas fundamentales de la salud”, respaldadas por décadas de uso seguro y evidencia científica sólida.
La advertencia de los infectólogos
El infectólogo Hugo Pizzi, recién designado miembro honorario de la Academia de Medicina del Estado de Río de Janeiro, respaldó la decisión de Córdoba y Mendoza: “Aplaudí de pie la decisión de Mendoza, y es muy buena la de Córdoba. En lo que va del año hay siete niños muertos por tos convulsa, y la segunda dosis de esa vacuna tiene una adhesión de alrededor del 42%”.
Pizzi insistió en que “hay que hacer todo lo posible para combatir las conductas de abandono”, y advirtió sobre el riesgo de perder el efecto rebaño que protege a la población general.
El endurecimiento del marco legal cordobés marca un nuevo punto de inflexión en la política sanitaria argentina, donde la caída en la inmunización ya genera consecuencias visibles y una presión creciente sobre el sistema de salud pública y la industria farmacéutica nacional.
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