Bayer busca cerrar la crisis Roundup: propone pagar hasta U$S 7.250 millones por demandas

La alemana Bayer, propietaria de Monsanto y heredera del problema, presentó en Missouri un acuerdo por hasta U$S 7.250 millones para resolver demandas actuales y futuras en EE.UU. que vinculan Roundup con linfoma no Hodgkin, elevó sus provisiones por litigios a EUR 11.800 millones y anticipó salidas de caja por EUR 5.000 millones en 2026.

La batalla judicial por la seguridad de Roundup, uno de los herbicidas más usados en el mundo y el más utilizado en la Argentina, entró en una fase decisiva. Bayer, que heredó el producto tras comprar Monsanto por U$S 63.000 millones en 2018, anunció que su subsidiaria estadounidense alcanzó un acuerdo propuesto por hasta U$S 7.250 millones para resolver decenas de miles de demandas actuales y futuras en Estados Unidos que alegan que el glifosato causó linfoma no Hodgkin y otros cánceres en usuarios domésticos y ocupacionales.

El acuerdo, presentado ante un tribunal estatal en St. Louis, Missouri, busca crear un programa de reclamos a largo plazo con pagos anuales topeados durante hasta 21 años, y apunta a cubrir un universo de alrededor de 65.000 demandantes en cortes estatales y federales. La noticia tuvo un efecto inmediato en el mercado: las acciones de Bayer llegaron a subir 7,7%, hasta su nivel más alto desde el 12 de septiembre de 2023, reflejando la expectativa de que el paquete reduzca un riesgo legal que lleva años presionando la valuación de la compañía.


Cómo es el acuerdo: hasta U$S 7.250 millones, pagos por 21 años y compensaciones de hasta U$S 198.000 por persona

Según el documento presentado en la justicia de Missouri, el plan de Bayer contempla un fondo de compensación de hasta U$S 7.250 millones alimentado por pagos anuales limitados durante un máximo de 21 años. El acuerdo fue negociado con los estudios Motley Rice, Seeger Weiss y otros bufetes que representarían a una clase nacional de demandantes (de los Estados Unidos), si el tribunal autoriza el formato de acción colectiva.

El esquema se aplica a personas que puedan demostrar que fueron expuestas a Roundup antes del martes y que luego recibieron diagnóstico de linfoma no Hodgkin, permitiéndoles presentar reclamos durante hasta 21 años a partir de la fecha del acuerdo. Los montos individuales se determinarán mediante un sistema escalonado, que considera nivel de exposición, edad al diagnóstico y tipo de cáncer: “Las personas físicas podrían recibir hasta U$S 198.000 o más”, detalló el abogado Eric Holland, uno de los negociadores del lado de los demandantes.

La propuesta no requiere que Bayer admita responsabilidad: “Los acuerdos de conciliación no contienen ninguna admisión de responsabilidad o irregularidad”, aclaró la compañía, que sostiene que “décadas de estudios han demostrado que Roundup y su ingrediente activo, el glifosato, son seguros para el uso humano”. El acuerdo queda condicionado a la aprobación judicial y a que un mínimo de demandantes se adhiera; Bayer se reservó el derecho de retirarse “si demasiados demandantes declinan participar”, aunque no divulgó el umbral exacto de opt‑outs.


Impacto financiero: provisiones suben a EUR 11.800 millones y Bayer espera flujo de caja libre negativo en 2026

El costo del intento de cierre legal es significativo. Bayer informó que sus provisiones y pasivos por litigios aumentarán de EUR 7.800 millones (al 30 de septiembre del año pasado) a EUR 11.800 millones, de los cuales aproximadamente EUR 9.600 millones se destinan a casos vinculados a glifosato y EUR 1.900 millones a reclamos por PCB, con el resto asociado a otros asuntos menores.

La empresa anticipa unos EUR 5.000 millones en desembolsos de caja vinculados a litigios en 2026, lo que la llevará a registrar flujo de caja libre negativo ese año. A partir de 2027, proyecta pagos anuales por litigios en el entorno de EUR 1.000 millones durante cinco años, con una caída posterior, siempre supeditado a la aprobación final del acuerdo colectivo y a la evolución de otros procesos. Para financiar el paquete, Bayer aseguró un préstamo bancario de USD 8.000 millones y planea utilizar una combinación de bonos senior y títulos con “equity credit”, sin prever por ahora una ampliación de capital.


Roundup, glifosato y el rol de la Corte Suprema de EE.UU. en el futuro del caso

Roundup sigue siendo “entre los herbicidas más utilizados en los Estados Unidos”, recordó Bayer, que insiste en que los estudios regulatorios respaldan la seguridad del producto. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) mantiene su posición de que el glifosato “no es probable que sea cancerígeno para los humanos cuando se usa según las indicaciones” y no exige advertencias de cáncer en la etiqueta federalmente aprobada, lo que la compañía pretende convertir en su escudo principal ante la Corte Suprema de EE.UU..

El acuerdo de USD 7.250 millones llega pocas semanas después de que el máximo tribunal aceptara escuchar una apelación clave en abril. Bayer sostiene que los consumidores no deberían poder demandarla bajo leyes estatales por “failure to warn” (falta de advertencia) sobre un supuesto riesgo de cáncer que la EPA no reconoce ni exige, porque la legislación federal de pesticidas no le permitiría añadir advertencias adicionales más allá de la etiqueta aprobada. La compañía considera que este caso es “esencial para resolver el litigio Roundup”, ya que un fallo a su favor limitaría drásticamente la posibilidad de nuevas demandas estatales.

No todos los inversores están convencidos de que el acuerdo sea el punto final. Markus Manns, portfolio manager en Union Investment, advirtió que la propuesta “aún no se ha producido el avance que muchos inversores esperaban” y alertó: “El acuerdo le da tiempo a Bayer, pero sin una victoria en la Corte Suprema, una nueva ola de demandas podría azotar a Bayer en unos pocos años”.


Un nuevo intento de cierre tras los USD 10.000 millones pagados en 2020 y fallos millonarios

Bayer ya había pagado unos U$S 10.000 millones para resolver la mayoría de las demandas sobre Roundup pendientes hasta 2020, pero aquel acuerdo fracasó en su intento de abarcar reclamos futuros, lo que dejó abierta la puerta a nuevas acciones. Desde entonces, la compañía alternó victorias y derrotas en juicios individuales: si bien ganó varias causas, también fue golpeada por fallos de jurado multimillonarios, incluido un veredicto de U$S 2.100 millones en Georgia en marzo de 2025, que deterioró la confianza del mercado y reactivó la presión para un arreglo integral.

En esta ocasión, Bayer apuesta a un diseño que abarque tanto demandas actuales como futuras, con un horizonte de 21 años y reglas claras de acceso al fondo, mientras aguarda que la Corte Suprema se pronuncie sobre el alcance de la preeminencia federal en materia de etiquetado de pesticidas. Para el sector salud, los reguladores y la industria agroquímica —incluidas las compañías latinoamericanas que operan con glifosato—, el resultado de esta combinación de acuerdo colectivo y definición judicial marcará un precedente de alto impacto sobre cómo se valoran los riesgos sanitarios de herbicidas masivos, cómo se reparten responsabilidades entre Estado y empresas, y cómo se contabilizan esos riesgos en los balances financieros y reputacionales de las grandes multinacionales del agro y la salud.

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