ALIFAR

Alifar pidió políticas de precios justos y alertó sobre aranceles de EEUU

La Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (Alifar) subrayó la necesidad de establecer políticas de precios justos. De manera de asegurar el acceso de la población a medicamentos, sin comprometer la viabilidad económica de las compañías. Estas no reciben subsidios y hacen contribuciones fiscales relevantes, remarcó Alifar. Y sostuvo que “estas políticas deben contemplar mecanismos de compensación frente a la inflación, el rezago cambiario y la escasez de divisas, entre otros”.

El pronunciamiento forma parte de los contenidos de la Declaración de Bogotá que se suscribió tras la XLVI Asamblea Anual de Alifar que se realizó en la capital colombiana. De la misma participó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa).

Allí, Alifar reafirmó la importancia estratégica de consolidar una plataforma industrial robusta en América Latina. Con crecientes capacidades de innovación, tecnología y producción.

“Esta base no solo garantiza el acceso sostenido a medicamentos en nuestros países, sino que también permite abastecer con estándares de calidad a otras regiones. Incluyendo economías desarrolladas”.

Asimismo, se propuso a los gobiernos de la región a escalar sus programas de financiamiento productivo. Promoviendo así inversiones en investigación, desarrollo e innovación equipamiento, infraestructura y tecnología. Para impulsar la modernización de las industrias farmacéuticas nacionales.

En la misma línea, la entidad subrayó el valor estratégico de las industrias farmacéuticas locales al momento de definir políticas de salud pública. Destacando su papel en la autonomía sanitaria, la capacidad de respuesta ante emergencias y la producción nacional de principios activos, insumos y medicamentos.

Por eso expresó “su profunda preocupación frente a los efectos de la política arancelaria del gobierno de los EEUU, enmarcada en su doctrina America First. Esta orientación puede elevar los costos de materias primas e insumos estratégicos y generar disrupciones en las cadenas globales de suministro. Así como incrementar la incertidumbre regulatoria, afectando la competitividad, la planificación y la sostenibilidad del sector farmacéutico regional”.

Por otra parte, Alifar instó a revisar críticamente las decisiones que promueven una adhesión irrestricta a tratados como el Patent Cooperation Treaty (PCT). “En lugar de estimular la investigación y el desarrollo locales, fomentan la proliferación de patentes sin evaluación rigurosa y limitan la competencia”.

En consecuencia, pidió a las autoridades regulatorias latinoamericanas a avanzar en procesos de convergencia regulatoria regional. Y a optimizar los tiempos para la aprobación de registros sanitarios.

Asimismo alertó “sobre políticas públicas que promueven la creación de sociedades estatales para la producción de medicamentos. Podrían distorsionar la libre competencia,  generando gastos innecesarios y comprometiendo recursos fiscales en proyectos de baja eficiencia”.

Además, propuso realizar un seguimiento técnico y permanente de los efectos de la orden ejecutiva del gobierno de los EEUU de “ofrecer a los pacientes estadounidenses precios de medicamentos recetados de la nación más favorecida”. Debido a su potencial impacto sobre los precios y el abastecimiento de medicamentos en los países en desarrollo.

Además, alertó a las autoridades sanitarias de la región sobre los riesgos de adjudicar compras públicas a proveedores extranjeros sin registro sanitario ni verificación de calidad, seguridad o cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura. “Lo cual representa un riesgo para la salud pública”.

En otro orden, la Asociación ratificó la necesidad de contar con regulaciones de propiedad intelectual equilibradas. “Que aprovechen plenamente las flexibilidades del marco internacional para promover el desarrollo regional y garantizar el acceso equitativo a nuevos tratamientos”.

En esa línea, celebró los procesos de revisión de políticas de propiedad intelectual que adelantan gobiernos de países desarrollados, particularmente Estados Unidos. En la búsqueda de mayor competencia, acceso oportuno y eliminación de prácticas abusivas en materia de patentes.

También advirtió sobre la entrada de actores ajenos al sector salud que, mediante modelos digitales no regulados, buscan concentrar el mercado con prácticas monopólicas. Así, “desestructuran el ecosistema farmacéutico y comprometen la trazabilidad, seguridad y acceso a medicamentos”.

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